El Concello inició ya el procedimiento para abonar una indemnización de 888.000 euros en total a 94 de los 96 propietarios del antiguo edificio Fenosa que la reclamaron, quienes recibirán 12.000 euros en caso de que se trate de su vivienda habitual o un local comercial y 9.000 si no reúne esa condición. Esta iniciativa supone la materialización del acuerdo alcanzado con los dueños de los pisos y locales al margen del logrado mediante la mediación efectuada con el denunciante de la concesión de una licencia de construcción ilegal y que evitó el derribo del inmueble. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia validó en febrero de 2019 el pacto alcanzado entre las partes implicadas.
Solo dos de los propietarios que solicitaron la indemnización quedan fuera del proceso, que establece unas cuantías fijas para la indemnización, expone el Gobierno local en respuesta a una pregunta escrita del Partido Popular. En su contestación no detalla si estos dos dueños están entre los al menos tres cuyas peticiones fueron rechazadas por incumplir los requisitos fijados por el Tribunal Superior de Xustiza o por el tipo de propiedad de que se trata, según explicaron el mes pasado fuentes municipales.
El Gobierno local detalla al PP que el 21 de septiembre empezaron a firmarse los acuerdos con los propietarios para abonarles las cantidades establecidas por la vía de la finalización convencional y que entre el 23 y el 28 de ese mes estaba previsto que fueran 31 los firmantes y por un importe de 333.000 euros.
El Concello desconoce cuál será la cantidad final que tendrá que abonar con estas indemnizaciones, ya que asegura que, al margen de los propietarios que eligieron el sistema que fija la cantidad que recibirán, otros no mencionaron cuál pretenden obtener. Cuando se dio a conocer este acuerdo con los afectados, el Gobierno local estimó que si todos ellos optaran por la fórmula finalmente seleccionada por la mayoría, la indemnización alcanzaría en total en torno al millón de euros.
La aceptación de las compensaciones implica que los propietarios de las viviendas y locales renuncian a reclamarlas por vía judicial. A lo largo de los 21 años que duró el litigio de la antigua sede de Fenosa, los dueños manifestaron haber sufrido notables perjuicios a causa del mismo, ya que se vieron imposibilitados para vender sus propiedades y vivieron con la angustia de saber que el inmueble podría llegar a ser derribado.
Durante el largo proceso judicial, afirmaron que cuando compraron los pisos y locales nadie les informó de que las obras habían sido autorizadas de forma irregular y que no supieron que se había presentado un recurso contra la licencia hasta que existió una sentencia que la anulaba, lo que hizo que mantuvieran una relación tensa con el denunciante.
Responsabilidades archivadas
El pasado 6 de agosto el Gobierno local archivó la investigación administrativa por las posibles responsabilidades que pudieran exigirse a las personas que autorizaran las obras del edificio que sirvió de sede a Fenosa mediante una licencia ilegal, concedida en 1997 bajo el mandato del alcalde Francisco Vázquez. El procedimiento concluyó que no existen los condicionantes necesarios para que ningún político o funcionario afronte con sus bienes las indemnizaciones que debe abonar el Concello y que están recogidas en el acuerdo de mediación.
Este expediente, denominado de acción de regreso, se inició en febrero y se archivó en agosto después de admitir las alegaciones planteadas por dos afectados. Uno de los acuerdos incluidos en la mediación del edificio Fenosa consistía en la adopción por el Concello de un Protocolo de Buenas Prácticas Urbanísticas. En ese texto figura que si una mala actuación causa un perjuicio económico a la administración municipal, podrá exigirse a los responsables que se hagan cargo de compensarlo.
La Ley del Régimen Jurídico del Sector Público establece que si la Administración debe abonar una indemnización, se "exigirá de oficio en vía administrativa" a los políticos o funcionarios la responsabilidad "en que hubieran incurrido por dolo, culpa o negligencia graves". Este aspecto aparece incluido en el protocolo de buenas prácticas aprobado por el Concello, que se comprometió a poner en marcha los expedientes de reintegro, que se lleva a cabo por la vía administrativa, y de repetición, que sigue la vía legal, en el plazo de un mes desde que se abonase la indemnización a los perjudicados.
