La familia de Diego Bello, el coruñés abatido por la policía filipina el pasado enero, se siente "indefensa" después de que el Gobierno central le aconsejase, según recoge una respuesta del Congreso de los Diputados, "contratar un abogado local en Filipinas que pueda incoar las acciones judiciales oportunas que lleven a una decisión de fondo y a la depuración de responsabilidades".
Con este gesto, el tío del joven asesinado, Francisco Lafuente, entiende que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "intenta desentenderse del tema" y pretende que sea "la familia quien lo asuma". "En nueve meses, el Gobierno no ha conseguido nada y pretenden que la familia vaya a Filipinas e intente hacer justicia. Pero allí no hay justicia. Es ridículo", lamenta.
La familia señala también el golpe económico que puede suponer la contratación de un abogado filipino. "No sabemos cuánto puede valer y, además, no controlamos las leyes ni cómo funciona todo esto allí", analiza.
Familiares y amigos de Diego Bello insisten al Gobierno central en que debe "condenar el régimen de Duterte" -presidente de Filipinas- y seguir peleando por hacer justicia. En su respuesta a la pregunta formulada por la diputadas del PP por A Coruña Marta González y Valentina Martínez, el Ejecutivo relata que la Embajada de España en Manila y el Consulado General "han realizado numerosas gestiones ante las autoridades filipinas y les han expresado su preocupación e interés en que se aclaren los hechos acaecidos y se depuren las posibles responsabilidades".
El 11 de agosto, la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas emitió un informe en el que constaba que se había producido "una violación de los Derechos Humanos" de Diego Bello, por lo que se elevó el caso al National Bureau of Investigacion (NBI) y al Defensor del Pueblo de Filipinas.
Se abre la posibilidad de que el NBI solicite una investigación por la vía penal o que el Defensor del Pueblo filipino tome acciones administrativas contra los policías que dispararon al coruñés. Desde entonces, expone el Gobierno central, el Embajador en Manila ha solicitado información sobre qué acciones se van a llevar a cabo.
Señala, no obstante, el Ejecutivo de Pedro Sánchez que las "autoridades competentes españolas tienen toda la disposición para realizar las labores de cooperación judicial en materia penal" previstas en el convenio entre España y Filipinas, pero que solo podrá desarrollarlas "en el marco de un proceso judicial que corresponde incoar a la familia a través de sus abogados en Filipinas".
La familia de Diego Bello continuará "trabajando por medios diplomáticos" para hacer justicia. "El Gobierno solo va a hacer algo si se ve obligado. Seguiremos hablando con la Valedora do Pobo e intentando que la Audiencia Nacional reconsidere la postura de que no es competente", explica Francisco Lafuente, que asegura que si no hubiera restricciones por la pandemia, continuarían con las movilizaciones y acudirían "a Madrid para protestar delante de la embajada filipina". "Pero no se puede hacer", lamenta.
