La ocupación de los números 19 y 20 de la calle Doctor Fleming, en A Falperra, ha generado miedo en el barrio, que atribuye a los moradores de los edificios un incremento de delitos en la zona. Según la Policía Nacional, las ocupaciones han crecido en el estado de alarma: las 108 en Galicia en lo que va de año superan el centenar de todo 2019, aunque, el pasado año, representaron apenas el 0,16% de las infracciones penales en la comunidad, según la Delegación del Gobierno. La abogada Cristina Martínez-Casanueva, del despacho Caruncho, Tomé & Judel, explica los factores clave de las ocupaciones y las vías para hacerles frente.

¿Cuándo se debe utilizar el término ocupación? El Código Penal, explica la abogada, distingue dos clases de delito, el de allanamiento de morada y el de usurpación, que es en el que se habla de ocupas. El delito de allanamiento de morada se refiere a "cuando la casa ocupada es la residencia habitual o incluso una segunda residencia". Sin embargo, cuando se trata de un piso en propiedad que no se utiliza o con el que se persigue un fin de inversión, pero no es la morada del propietario, es usurpación, es decir, ocupación. Martínez-Casanueva reconoce, no obstante, que "la ciudadanía trata ambos delitos como ocupación". En términos generales y hasta épocas recientes, explica, lo que los ocupas solían invadir eran viviendas que no constituían moradas de nadie, como casas abandonadas o de bancos. Según explican diferentes juristas, ante un allanamiento de morada, la policía puede intervenir en cualquier momento para expulsar a los infractores. En el caso de una usurpación, la solución legal es más compleja y lenta.

¿Qué medidas se pueden tomar para echar a los ocupas? La vía principal sería acudir a la policía para presentar una denuncia cuando se tenga conocimiento de que una propiedad ha sido ocupada. En ese momento se inicia un procedimiento judicial. Lo más rápido para recuperar la posesión de la propiedad es ir por la vía civil e iniciar un procedimiento de desahucio. Al margen del cauce legal, informa la abogada, existen otras alternativas, pues hoy en día hay "empresas que se dedican a tratar de negociar con los ocupas para echarlos", ya que algunos, a cambio de dinero, abandonan la vivienda.

¿Cuánto tiempo puede tardar el proceso de desahucio? Los procedimientos de desahucio "suelen ser más rápidos que otros", apunta. Se trata de un juicio verbal. La ley contempla plazos breves para recuperar la vivienda, de entre dos y tres meses. Pero en la práctica no es así por la "sobrecarga de trabajo" de los juzgados, a la que se une los retrasos por el parón del estado de alarma. El proceso se puede demorar hasta casi un año. En A Coruña, según los casos de desahucio que lleva el despacho Caruncho, Tomé & Judel, el procedimiento se puede resolver "en ocho o nueve meses".

¿La ley ampara al ocupa? "En mi opinión personal, tal y como están las normas en España, se protege más al ocupa que al propietario", analiza Cristina Martínez-Casanueva, a la que le resulta "impensable" que una persona con un título de propiedad no pueda acceder a la vivienda porque la policía necesita una orden judicial de desahucio. En otros países europeos, el procedimiento es diferente. En Suecia, si el ciudadano acude a la policía con el título de propiedad, en menos de una semana empieza el desalojo.

¿La pandemia ha provocado el aumento de ocupaciones? "Sí, ha habido un incremento", contesta la abogada. Durante el estado de alarma, el derecho a la movilidad se restringió, lo que propició que los ocupas accediesen a viviendas con más facilidad. "Los pisos han estado vacíos durante meses y los ocupas han tenido la certeza de que los propietarios no iban a aparecer", añade. Además, durante las fases de la desescalada también hubo restricciones. "Y la pandemia ha traído de la mano mayores problemas económicos, así que se junta todo", aclara.

En caso de que se ocupe un inmueble abandonado o propiedad del banco, ¿pueden denunciar los vecinos? Los vecinos pueden llamar a la policía, pero el procedimiento de desahucio debe solicitarlo el propietario. La abogada reconoce que "los más afectados suelen ser los que viven cerca" del inmueble ocupado, como ocurre actualmente en A Falperra, en el que, según los vecinos, una empresa proyectaba su rehabilitación. De todos modos, la presión vecinal puede ser clave para expulsar a los ocupas.

Aunque no sea ocupación, ¿se enfrentan a situaciones similares los propietarios que denuncian impagos? "Sí. Esos problemas han existido siempre y cada vez hay más" , resume Martínez-Casanueva. El coronavirus también ha provocado que se hayan registrado más impagos. Desde el confinamiento, a el despacho Caruncho, Tomé & Judel ha presentado "varias demandas de desahucio por falta de pago".