El Comité Antisida Casco calcula que, aproximadamente, hay una veintena de personas sin hogar, viviendo en la calle, con graves problemas de adicciones e inadaptación social que, no necesariamente tienen una enfermedad psiquiátrica diagnosticada, y que son vecinos, aunque algunos prefieran no verlos.
Podría pensarse que una persona que hace sus necesidades en la calle, que sobrevive en un portal de un negocio -abandonado o no- no puede estar en sus cabales o que la Administración podría, fácilmente, sacarlo de donde ha decidido instalarse para borrar de la postal de la ciudad la imagen de la pobreza, de la enfermedad y de la exclusión
El camino no es tan fácil ni tan inmediato como podría imaginarse porque eso implica incapacitar a una persona, que la Justicia diga que no puede tomar decisiones sobre su vida, privarla del derecho fundamental de decidir sobre uno mismo.
Lo saben los vecinos de la calle de la Torre, que conviven con un hombre al que han intentado buscar alternativas a ese recoveco en la acera en el que vive y al que vigilan que, cuando bajan a comprar el pan, siga respirando, que no haya prendido fuego a sus pertenencias, que conserve el saco térmico que el Concello le ha dado y que, por lo menos, no esté peor, aunque a veces les moleste, aunque su comportamiento no sea el que debería. Con denunciarlo por sus actos, muchos de ellos piensan que no arreglarían nada. ¿Qué hace una persona así en prisión? Y es que, en este caso, como en muchos otros, hay alternativas, pero los usuarios no siempre las quieren, y las rechazan conscientes de lo que hacen.
"Las personas sin hogar forman parte de nuestra preocupación y de nuestras prioridades, trabajamos para darles respuesta y con determinados perfiles hemos reforzado la compañía diaria. Es un trabajo muy complicado y que no siempre da frutos, porque no podemos obligarles a entrar en ningún servicio en contra su voluntad", relata la concejala de Benestar Social, Yoya Neira, que indican: "Nos preocupan y nos ocupan todos los días, son una prioridad".
"Hay muchas personas que tienen patologías psiquiátricas o un consumo activo de drogas y alcoholismo o todo a la vez. El ejemplo más claro lo vimos con el estado de alarma, cuando abrió el albergue de Riazor. Nosotros seguimos atendiendo a los usuarios que no tenían un perfil para aguantar el confinamiento", relata la directora de Casco, Sonia Valbuena, que defiende que la solución más inmediata para poder abordar esta problemática es la creación de un equipo de calle, que cuente con un psiquiatra de referencia especializado en estos temas.
"Nosotros tenemos psicólogo, monitores... y hacemos el trabajo social, pero hasta un punto. La psiquiatría en España está, por así decirlo, en pañales, no hay recursos, no hay unidades ni plazas", relata Valbuena y es que, aunque salgan a la calle todos los días, sus informes solo llegan hasta la "sospecha de enfermedad psiquiátrica", pero eso no implica que la tengan ni que quieran ser atendidos por un profesional que les pueda recetar medicación ni que vayan a tomársela en el caso de que llegasen a acudir a la consulta y tengan un diagnóstico.
Valbuena habla desde la experiencia diaria de sus usuarios, de los que se toman la medicación en su local y de los que no. "Los que se la toman cambian radicalmente su comportamiento. Muchas veces digo que se drogan porque el cuerpo les pide química y, como no tienen un diagnóstico, toman la que se encuentran en la calle", relata.
Algunos de ellos se toman la medicación por orden judicial y eso es un paso para poder acceder a otros recursos, como un piso tutelado e, incluso, en el mejor de los casos, dejar de consumir alcohol y drogas y empezar a hacer cursos formativos e intentar salir de la situación de exclusión social en la que están.
Valbuena estima que, con un psiquiatra de referencia para todas las entidades y servicios municipales que prestan servicio en la ciudad sería suficiente, aunque el Concello no tiene competencias en materia de sanidad, así que, tendría que ser el Sergas quien lo designase. No es fácil tampoco que quieran acudir a un profesional. "Hay que encontrar el momento", relata Valbuena, algunas veces, solo llega cuando tienen un brote y tienen que entrar por Urgencias, otros, cuando tras mucho trabajo de los monitores y psicólogos, acceden a ir, porque algunos pueden estar en situación irregular en España y eso hace que aumente su resistencia a acudir a un hospital.
En Casco tramitan también incapacitaciones. "Es un proceso largo, puede durar nueve meses o un año, pero en algún momento hay que empezar", comenta Valbuena y es que son precisos varios informes -psicológicos y sociales- que se remiten a Fiscalía y a la Xunta. Entonces, de oficio, el Ministerio fiscal va al forense, que es quien decide si se puede incapacitar de todo o parcialmente a una persona -por ejemplo, para que no tenga la potestad sobre su dinero o su patrimonio, si considera que no está capacitado para gestionarlo-. Hay sentencias que obligan, por ejemplo, a tomar un tratamiento.
"Ahí ya tenemos un instrumento legal para actuar, por ejemplo, para que se tomen las medicinas, porque si no acuden al centro, damos parte y ya los pueden ingresar", relata Valbuena, aunque, para eso, necesitan un diagnóstico previo. "Es una seguridad también para nuestros trabajadores, porque se podrían tomar otras medidas", comenta. Con los que tienen una patología y, si se toman el tratamiento, en Casco intentan, incluso, que recuperen el vínculo con sus familias, si las partes están dispuestas. "Los que cambian lo hacen muy poco a poco", reconoce.
