El borrador del convenio para la ejecución de la ampliación del hospital en As Xubias que definirá los compromisos de la Xunta y el Concello en las obras no convence al Gobierno local, al detectar sus técnicos -Intervención, Asesoría Jurídica y Secretaría General del Pleno- deficiencias en la redacción y en el encaje legal de algunas de las propuestas de la Xunta. Pone encima de la mesa un documento en el que el Concello se compromete a aportar un máximo de 22,2 millones de euros, para las obras, además de la renuncia al cobro de tasas e impuestos, la cesión de terrenos y la asunción del mantenimiento de viales, así como la dotación de servicios municipales, como la iluminación, el agua o la recogida de la basura, que sean necesarios para el buen funcionamiento de esta nueva infraestructura sanitaria que dará servicio no solo a la ciudad sino a pacientes de casi toda la provincia.

El informe del secretario general del Pleno hace hincapié en la necesidad de que se especifiquen "las obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes" y de que se indique "su distribución temporal por anualidades" y con cargo a qué partida presupuestaria se realizarán, para que el convenio pueda contar con el visto bueno del Concello. También pone el foco en que el convenio, por ley, debe tener "una duración determinada" y que esta no está recogida en el borrador enviado por la Xunta.

El secretario considera "desproporcionado" que el Concello, además de ceder la parcela en la que se ampliará el hospital, "tenga que soportar aisladamente, el total de la financiación" o el aporte de todos los terrenos que sean necesarios para la construcción de las infraestructuras proyectadas, así como el coste de las conexiones. El informe del secretario destaca también que, ya que el Concello va a tener que aportar 10,2 millones para las obras de urbanización y para viales, el Sergas podría permitirle que "licite, adjudique y ejecute" estas actuaciones, porque darán servicio también a las áreas urbanizadas del entorno del hospital y podrían realizarse "con un conocimiento más directo". El secretario hace referencia también a la forma en la que se cerrará el acuerdo entre las Administraciones, ya que alerta de que el convenio, tal y como está, no puede ser rubricado por las partes, y propone, como alternativa, que se realice un "protocolo".

"Una propuesta de convenio a dos bandas no puede recoger solo las obligaciones de una de las partes, esperamos que la Xunta concrete la suya para poder empezar, cuanto antes, una actuación muy necesaria", dijo ayer el portavoz municipal, José Manuel Lage, que defendió que el Gobierno local llevaba "meses trabajando con la mano tendida", para conseguir que se cerrase el documento. "Creo que lo hicimos con lealtad, evitando abrir un debate sobre un convenio que no solo es mejorable sino que, en algunos aspectos roza la ilegalidad", dijo Lage Tuñas, de este texto en el que la Xunta propone que el Concello abone un máximo de 22,2 millones en varios plazos.

Para el interventor del Concello, el texto enviado por la Xunta también hace aguas legalmente, ya que en su informe pone de manifiesto "las dificultades, por no decir la imposibilidad, de encajar el convenio" en una competencia local propia. En su análisis, considera que el convenio ha de recoger no solo la partida de doce millones de euros para adquirir los terrenos en los que se erigirán las nuevas infraestructuras -y a la que no encuentra encaje legal en las Bases de Régimen Local- y la de 10,2 millones para los viales, sino que ha de cuantificar el coste que supondrá para las arcas municipales dotar al hospital de todos los servicios públicos, así como completar las infraestructuras existentes actualmente.

Este dato es vital para poder decidir si el Concello firma o no el convenio que la Xunta le plantea, según explica el interventor, ya que ha de conocer el alcance económico "de los compromisos que asume", toda vez que desconocer esa información puede afectar a la estabilidad presupuestaria, a la deuda pública y/o a la regla de gasto. La valoración de este extremo ha de hacerla la Oficina Presupuestaria, que es la que conoce "tanto los compromisos ya asumidos como los futuros de las políticas municipales. Aún sin sumar esos costes que están sin precisar en el convenio, el interventor estima ya que 22,2 millones es "una cantidad muy importante" en el presupuesto municipal.

La directora de la Asesoría Jurídica también encuentra lagunas en la redacción del convenio. En su informe, por ejemplo, pide que Mobilidade y Medio Ambiente realicen informes sobre el coste de la obligación que la Xunta impone al Concello de hacer llegar a los nuevos edificios sanitarios el transporte público o la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios que faciliten el acceso al hospital. La Xunta impone también que el Concello ponga a disposición del Sergas el circuito municipal de recogida de basuras.

En la cláusula 4.6 de la propuesta de convenio, la Xunta defiende que no tiene la obligación de pagar el IBI, así como que las obras no estarán sujetas a licencia urbanística ni tendrán que abonar tasas ni el impuesto de construcciones.

En este punto, la directora de la Asesoría Jurídica puntualiza que, en el caso del impuesto de construcciones, el máximo subvencionable por ley es del 95%, aunque, para llegar a este punto, tendría que modificar la ordenanza fiscal que regula este impuesto y que, actualmente, fija un máximo de exención del 70%. Alerta también de la forma en la que se firmará el texto.