La elaboración del plan especial de la zona de la Torre de Hércules es uno de los asuntos que el Ayuntamiento tiene pendientes para garantizar la preservación del monumento patrimonio de la humanidad, y no es el único. Este mecanismo urbanístico está incluido en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), pero no está redactado, y su aplicación servirá para prohibir las edificaciones en el entorno más próximo al faro romano, en el que figura la zona de Adormideras donde estaba previsto construir el Agra de San Amaro. La tramitación del plan especial de la Torre está en una fase primeriza, ya que el Gobierno local, según fuentes municipales, está "ultimando la redacción de los pliegos para sacar a licitación su redacción".

El proceso ha avanzado de manera muy lenta desde 2013, cuando se aprobó de manera definitiva el actual plan general, en el mandato del PP. Ni los populares ni posteriormente el Ejecutivo de Marea Atlántica desarrollaron el plan especial, aunque el anterior Gobierno municipal llegó a firmar en 2018 el decreto para iniciar la tramitación, que permaneció estancada. Los socialistas toman ahora el relevo y se encuentran en el tramo final de la fase previa a su licitación, por lo que todavía es difícil pronosticar cuándo estaría aprobado para que entrase en vigor.

Si el plan especial que tramita el Gobierno local mantiene su propósito de poner veto a la construcción de edificios en el entorno de la Torre de Hércules, quedará finalmente enterrado cualquier intento de recuperar el proyecto conocido como Agra de San Amaro, que ha causado un importante conflicto urbanístico al Ayuntamiento.

Su origen se remonta a un año tan lejano como 1993, cuando el Gobierno de Francisco Vázquez firmó un convenio con los propietarios de terrenos de la zona necesarios para la construcción del paseo marítimo. A cambio de la ocupación de 46.200 metros cuadrados, el Concello recalificaría las fincas -de suelo no urbanizable a urbano- en el futuro planeamiento urbanístico y otorgaría a sus dueños una edificabilidad de 1,5 metros cuadrados por metro cuadrado. El polígono de San Amaro quedó recogido en el plan general de 1998.

Cuando los propietarios solicitaron las licencias para construir ya había pasado demasiado tiempo y el Concello las denegó apoyado en el informe de Patrimonio de la Xunta que impedía la ejecución de nuevas edificaciones para proteger la Torre, que en junio de 2009 recibió la declaración de la Unesco como patrimonio de la humanidad. Para entonces las parcelas habían sido incorporadas a la zona de protección del monumento, que comprende una franja de 500 metros a su alrededor, por lo que el Concello denegó los permisos.

Los afectados presentaron recursos judiciales para que se les concediesen licencias para construir, pero los tribunales se las desestimaron. No sucedió lo mismo con las reclamaciones por el daño económico sufrido y el Concello ha tenido que abonar hasta ahora dos millones de euros en concepto de indemnizaciones a algunos propietarios de terrenos, quienes en el mandato del PP habían rechazado una propuesta para transferir la edificabilidad perdida en San Amaro a la antigua cantera de Adormideras.

El desarrollo del plan especial de la Torre no es el único deber pendiente del Concello en ese entorno. La declaración de la zona como Espazo Natural de Interese Local (ENIL) por parte de la Consellería de Medio Ambiente, en enero de este año, ha abierto un plazo de dos años para la redacción de un plan de conservación, que es imprescindible para que la declaración sea definitiva. Este plan será, según el Concello, un "manual de uso del entorno" en el que figurarán las zonas de protección de especies vegetales y animales, además de normas para el comportamiento de las personas en esa zona.

El propio faro romano también debe ser objeto de una actualización de su Plan Director, elaborado en 2010, uno después de la declaración de la Unesco, pero con algunos de sus trabajos aún sin ejecutar, como la fijación permanente de un centro de interpelación con un museo, un plan de actuaciones para proteger el monumento y un órgano que lo gestione. La alcaldesa, Inés Rey, anunció en junio del año pasado, en el décimo aniversario de la declaración, la intención del Concello de completar el plan.