La coordinadora de Cs en Galicia, Beatriz Pino, ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo que fija como doctrina que los concejales que sean considerados tránsfugas no pueden asumir nuevos cargos o retribuciones que antes no ejercían o percibían y que "impliquen mejoras personales, políticas o económicas", un fallo que ha vinculado a la situación de la actual edil de Deportes en el Gobierno local de A Coruña, Mónica Martínez. Pino recuerda que su partido reclama desde hace meses el acta de Martínez como exconcejal de Cs por abandonar en junio pasado una lista. Marea Atlántica insiste, por su parte, en que debe ser cesada por el Gobierno local, que ha pedido una serie de informes jurídicos ante un recurso presentado por el otro grupo y que prefiere tener cautela y pronunciarse cuando los haya analizado, algo que estima que hará en un plazo de tiempo breve.
La coordinadora de Cs en Galicia señala que Martínez "ha defraudado a los gallegos que le confiaron su voto en unas listas con unas siglas concretas". "¿Cómo va a tener cabida en cualquier proyecto político una persona que incumple sus compromisos con los ciudadanos? ¿Cómo es posible que se ofrezcan nuevos cargos y responsabilidades a una persona que ha demostrado no estar a la altura, no tener principios morales, ni por supuesto saber que significa la palabra lealtad?", se pregunta Pino.
Marea Atlántica, que ha recurrido este mes el nombramiento en septiembre de la nueva concejal de Deportes al considerar que se trata de un caso de transfuguismo, acaba de registrar un escrito dirigido a la Alcaldía en el que solicita a Inés Rey el cese inmediato de Mónica Martínez en aplicación de la sentencia del Supremo. "El fallo es muy claro, los ediles tránsfugas no pueden formar parte de gobiernos ni tener subidas de salario. En el caso de Martínez, la alcaldesa ha incumplido los dos puntos con un nombramiento netamente ilegal", destaca la portavoz de Marea, María García.
El Gobierno local, según fuentes municipales, se pronunciará sobre la condición de la nueva concejal del Ejecutivo, que tras salir de Cs en junio figuró en el Grupo Mixto como edil no adscrita, de acuerdo a las conclusiones de un informe del Secretario de la Corporación que analiza el recurso de Marea. Las mismas fuentes apuntan a que la condición de tránsfuga debe quedar bien definida según el caso que se juzgue y dudan de que se aplique al caso de Mónica Martínez porque con su incorporación al Gobierno municipal no alteró su condición de Ejecutivo en minoría, al sumar el décimo concejal, frente a los 17 que suma la oposición.
La sentencia recoge el caso de la edil de Cs en La Font de la Figuera (Valencia) que en 2015 pidió el pase a concejal no adscrita y después fue nombrada primer teniente de alcalde y concejal delegada de varias áreas, entre otros cargos.
