Ocho meses después de que el Concello asumiera la gestión de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, Albada, la empresa que desempeñó esa labor desde el inicio de su funcionamiento en 1999, volvió a desempeñarla tras finalizar el 31 de agosto la intervención municipal y aceptó hacerlo hasta que se adjudique el nuevo contrato de la concesión, que aún tardará meses en ser licitado. El Gobierno local, que el pasado verano anunció que firmaría un contrato puente para gestionar la planta hasta la nueva concesión, afirmó que opera desde septiembre "con normalidad" y explicó que mantuvo el silencio sobre el regreso de la empresa al considerar que lo llamativo habría sido la negativa a hacerlo. A lo largo de las dos décadas de actividad de Albada las diferencias que mantuvo con el Concello se materializaron en conflictos judiciales con reclamaciones económicas millonarias que hasta ahora se saldaron en la mayoría de los asuntos relevantes con resultados contrarios a la compañía.
Cuando la Junta de Gobierno Local aprobó a mediados del pasado mes de diciembre la intervención temporal de la planta, Albada presentó un recurso contra esa decisión, con la que el Concello trataba de resolver el problema creado por la propia concesionaria al negarse a continuar al frente de las instalaciones a partir del 31 de diciembre y hasta que se adjudicase un nuevo contrato, que tendrá un importe de 18 millones anuales y una duración de 15 años.
La nueva concesionaria tendrá además que efectuar una remodelación a fondo de la planta que consistirá casi en una reconstrucción total de la misma mediante una inversión que se situará en torno a los 40 millones de euros.
El Gobierno local trabaja desde el inicio del mandato en la redacción de los pliegos de condiciones para la licitación de la concesión, pero cuando ya los tenía bastante avanzados ha tenido que modificarlos debido a la publicación de órdenes del Ministerio de Transición Ecológica basadas en normativas europeas que afectan a los precios de la energía y al depósito de los residuos no tratables en vertederos.
La concejal de Medio Ambiente, Esther Fontán, explicó ayer que la primera cuestión afecta al importe económico de la concesión y la segunda supone la fijación de un plazo improrrogable para que se deje de llevar los rechazos a parcelas en las que acaban enterrados. "Lo que queremos evitar es que haya demasiadas incidencias una vez publiquemos los pliegos", señaló Fontán, quien recordó los múltiples problemas surgidos en la licitación de contratos de su departamento menos complejos que el de Nostián, como los de la limpieza viaria, la recogida de la basura y el del suministro y mantenimiento de los nuevos contenedores para los residuos.
La responsable de Medio Ambiente indicó que la aparición de la pandemia causó un importante retraso a la elaboración de los pliegos del concurso para la nueva gestión de la planta, pero que este retraso ha permitido evitar la paralización de la licitación, puesto que la orden sobre el vertido de los rechazos se hizo pública a finales de junio.
El objetivo temporal del Gobierno local para abrir la licitación del que será el contrato municipal de mayor cuantía económica es que sea "cuanto antes, pero con garantía jurídica y seguridad técnica", según Fontán. La concejala destacó además que hay otras ciudades españolas y portuguesas que estaban promoviendo plantas de tratamiento como la coruñesa y se han visto obligadas a modificar sus proyectos a causa de las nuevas disposiciones europeas, para este sector, lo que permite ahora que el Concello pueda aprovechar esas iniciativas.
ERTE y huelga
El final de la concesión de la planta de tratamiento de residuos supuso el pasado diciembre un nuevo enfrentamiento entre Albada y el Concello. La Junta de Gobierno Local aprobó el 6 de noviembre la prórroga forzosa de la concesión para que Albada siguiese en Nostián a partir de 2020, pero la empresa presentó un recurso contencioso-administrativo contra esa decisión y decidió "unilateralmente" que a partir de enero solo trataría la basura de A Coruña.
También solicitó un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para el 40% de la plantilla que debía comenzar el 1 de enero de 2020. La justificación para adoptar esa medida era que la empresa entendía que no estaba obligada a tratar desde esa fecha los residuos generados por los municipios del Consorcio As Mariñas y que solo debía hacerlo con los de A Coruña. Los 39 trabajadores afectados recibieron la notificación el 11 de diciembre.
Los empleados de Albada respondieron el 7 de diciembre con la convocatoria de una huelga indefinida que amenazaba con tener graves consecuencias para la ciudad en vísperas de las fechas navideñas, aunque la protesta laboral no repercutió finalmente en la recogida de la basura. Desde el inicio del conflicto, los trabajadores de la planta exigieron al Concello que impidiese la regulación de sus empleos mediante la intervención de la concesión, una solución que finalmente aceptó el Gobierno local, lo que puso punto final a la huelga el 16 de diciembre.
El Concello aprobó la intervención y dio tres días a Albada para dar marcha atrás en su decisión de no prestar servicio al Consorcio As Mariñas desde enero, pero, lejos de aceptar esa propuesta, la concesionaria presentó un recurso. El personal municipal asumió la dirección y gestión de la planta el 23 de diciembre, lo que permitió mantener la totalidad de la plantilla y el tratamiento de los residuos de los municipios del área metropolitana.
La intervención tenía un plazo máximo de vigencia de ocho meses y la alcaldesa, Inés Rey, justificó su adopción afirmando que tenía por finalidad "evitar tres crisis". La primera era la ambiental por los posibles "desajustes graves en la recogida de la basura". La segunda sería económica al estimar que estaba "en peligro la viabilidad de la planta" y la tercera laboral, ante el riesgo de que se perdieran 39 puestos de trabajo. El Concello, detalló que los salarios de la plantilla y del personal municipal que gestionase la planta serían asumidos por Albada.
