El Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por Albada contra la ratificación por el Superior de Galicia de la sentencia que anuló el acuerdo de 2011 entre el Gobierno local de PSOE y BNG con la concesionaria de la planta de basuras mediante el que se le reconoció el derecho a cobrar 3,3 millones de euros al año para corregir el desequilibrio económico que la empresa aseguraba padecer por tener que gestionar los rechazos. Con la decisión del Supremo se pone fin a la reclamación de Albada sobre esos pagos, que el Concello dejó de efectuar en 2018 tras obtener la primera sentencia a su favor de sus intereses.

El Gobierno local del PP fue quien promovió en 2015, poco antes de que concluyese su mandato, una declaración de lesividad del acuerdo de 2011, al entender que perjudicaba a las arcas municipales. En la sentencia del Superior de Galicia se rebatieron todos los argumentos de Albada para justificar el cobro de los 3,3 millones. Así, determinó que ni la orden municipal de gestionar los rechazos ni la Declaración de Efectos Ambientales de la planta "son la causa de una ruptura del equilibrio económico reclamado".

También negó que una de las causas de sus pérdidas fuera que el Concello le "obligó a subcontratar con terceros la gestión de los residuos en el año 2007", ya que aclaró que "literalmente lo que se le ordena es gestionar los rechazos de la forma más adecuada y con sujeción a la legislación medioambiental". Debido a esto, el tribunal rechazó que el Concello la compensara económicamente, al entender que "la gestión de los rechazos forma parte esencial de las obligaciones" de Albada.