Casi un año después de que el Concello anunciara el inicio de medidas contra los galpones ilegales que se usan como viviendas en fincas de A Zapateira y Feáns desde hace décadas, el Gobierno local reconoce que todavía no ha adoptado ninguna iniciativa para impedir que sigan siendo habitados o que se construyan más en esta parte del municipio. La razón es, según fuentes municipales, la pandemia del coronavirus, ya que aseguran que en marzo se habían iniciado las inspecciones de estos recintos y tuvieron que paralizarse a causa del confinamiento.
Aunque se había previsto reiniciar esa actividad tras el final del estado de alarma el pasado verano, la posterior reactivación de los contagios hizo desistir a los responsables municipales, que informan de que se volverá a poner en marcha en cuanto la situación sanitaria lo permita.
El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, anunció en enero que se realizaría una inspección de todos los galpones con el fin de precintarlos, así como para cortarles el suministro de agua y luz para impedir que vuelvan a ser alquilados. Pero también reconoció que solo podrán demolerse los levantados en los últimos seis años, ya que la infracción urbanística cometida con los anteriores a ese plazo ya prescribió. Sin embargo, si alguno de estos últimos cuenta con una orden de demolición expedida en 2009 podría ejecutarse, puesto que la vigencia de ese decreto es en este caso de quince años.
Pese a que algunas de estas construcciones no puedan derribarse, no pueden ser utilizadas como viviendas porque la legislación solo permite que se empleen como almacenes de las fincas para la conservación de herramientas o aperos. En el pleno municipal de febrero, Villoslada detalló que su departamento realizaría "inspecciones periódicas" en A Zapateira y Feáns para evitar que los galpones se vuelvan a utilizar y que ya estaba iniciando los trámites necesarios para que se reponga la legalidad urbanística en cuanto a usos", medidas que ahora el Gobierno local admite que no se llevaron a cabo.
Ya en el mes de mayo, en pleno confinamiento por el coronavirus, uno de los residentes en estos galpones informó a este periódico que ningún técnico municipal había pasado por el lugar en el que vive para comprobar su situación y detalló que las condiciones en las que lo hacía en ese lugar se habían agravado por la obligación de permanecer durante casi todo el día en un habitáculo de reducidas dimensiones.
"Aquí no ha aparecido nadie del Ayuntamiento y los infractores actúan como si nada", declaraba esta persona que no quiso proporcionar su identidad a causa de la situación irregular de su vivienda y que expresaba sus dudas sobre la intervención municipal contra estas residencias ilegales porque "hay que realojar a bastante gente", a lo que añadía que los servicios sociales del Concello "están al límite, desde siempre, y más aún ahora por la pandemia".
Un estudio de los profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura Xosé Lois Martínez, José Manuel Vázquez y Plácido Lizancos desveló en 2008 la existencia de 97 construcciones de este tipo en A Zapateira que eran empleadas como alojamientos irregulares, en su mayor parte por estudiantes que aprovechaban su cercanía al campus universitario. Al conocerse esta situación, Xunta y Concello la calificaron de ilegal y la administración municipal gobernada por PSOE y BNG incluso llegó a dictar varias órdenes de demolición, aunque ninguna de ellas llegó a ejecutarse.
Doce años más tarde, un trabajo de la también arquitecta Cristina Botana contabilizó 108 galpones y descubrió que habían pasado a ser habitados, además de por universitarios, también por trabajadores en situación de precariedad que no pueden pagarse otro tipo de alojamiento. Estas edificaciones tienen unas dimensiones medias de tres metros de anchura por cuatro de longitud, lo que solo permite la instalación de una cama y un cuarto de baño, además de un hornillo para cocinar.
Se hallan adosadas a los muros de fincas en las que existe un chalé de los propietarios, que cobran a los residentes entre 200 y 300 euros al mes. Algunas fincas cuentan hasta con una decena de galpones y hay propietarios que llegan a alquilar habitaciones en sus viviendas e incluso el sótano.
Cristina Botana alertó tras realizar su estudio que si los galpones no desaparecen, aunque ahora se prohíba que sean habitados, podrán volver a estarlo en el futuro, pero reclamó una solución para las personas que residen en ellos, ya que sus condiciones económicas no les permiten acceder a otro tipo de viviendas. Pero para el Concello, estas personas no tienen derecho a otro alojamiento como sucede con los chabolistas, aunque a principios de año la concejalía de Benestar Social ya trabajaba sobre los casos de algunos residentes.
La práctica de construir y alquilar estas infraviviendas es califica de "vergüenza" por el presidente de la asociación de vecinos de A Zapateira, Juan Manuel Sánchez Albornoz, para quien las personas que promueven estas edificaciones "no quieren hacer unos dinerillos", sino que disponen de "un negocio y viven de él", por lo que reclama su desaparición.
