El Ayuntamiento no tendrá que adoptar las medidas a las que le instó la Xunta para ajustarse al plan económico-financiero (PEF) aprobado en 2019 por haberse saltado la regla de gasto ese ejercicio, después de que el Congreso de Ministros acordase el mes pasado suspender las reglas fiscales de 2020 y 2021 por la situación de pandemia sanitaria. Con esta resolución, el plan al que estaba vinculado el Concello quedará sin efecto y no será necesario hacer un informe de seguimiento, como tampoco adoptar medidas de corrección por el incumplimiento de la regla de gasto en 2019.

El Concello, según relató la Consellería de Facenda, informó a la Xunta de que en el ejercicio pasado no cumplió el objetivo de regla de gasto fijado en el plan económico-financiero por haber tenido que hacer frente a las expropiaciones del castro de Elviña, abonadas con Francisco Vázquez en la Alcaldía y por las que una sentencia judicial le obligó a pagar 12 millones de euros por el justiprecio y los intereses. El departamento autonómico transmitió al Concello la necesidad, según establece la ley, de "adoptar las medidas que considere precisas para cumplir los objetivos fijados en su PEF". No se trataba de una sanción ni de una exigencia, aclaraba la Xunta, sino que le recordaba que estaba ejerciendo "la tutela financiera de las entidades locales".

Con la suspensión de las reglas fiscales aprobada en el Congreso, la administración coruñesa no tendrá que aplicar el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria que obliga a destinar el superávit de los ejercicios 2019, 2020 y 2021 a la amortización de deuda neta o inversiones financieramente sostenibles.

Lo que sí se mantiene en vigor son los límites de deuda viva y formalizada previstas en la ley de Presupuestos Generales del Estado y la exigencia de ahorro neto positivo y capacidad económica para afrontar el vencimiento de las amortizaciones de las operaciones que se fueran a suscribir. Por ello, antes de asignar superávit o remanente de tesorería (gastos no realizados durante un ejercicio) a gastos generales u otros fines, el Concello deberá de atender obligaciones contables y pagos pendientes con sus proveedores.

El Ayuntamiento también deberá seguir aplicando el principio de prudencia financiera para la elaboración de su presupuesto, que en 2021 será el de este año prorrogado, según anunció el mes pasado.

El incumplimiento de la regla de gasto del Concello se arrastra desde 2018, en el mandato de Marea Atlántica, cuando el Ejecutivo usó remanente de tesorería para gastos del Concello, el IMCE, el Consorcio para la Promoción de la Música y el de Turismo por 2,6 millones de euros. Esta financiación se permite de forma específica en la normativa de las haciendas locales pero no está recogida en la normativa reguladora de estabilidad presupuestaria. La sentencia millonaria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de 2018, por las expropiaciones del castro de Elviña entre 2002 y 2005, cuando el alcalde era Francisco Vázquez, motivó que el Ayuntamiento se saltase la regla de gasto el año siguiente.