Once años y medio después de su nombramiento, periodo que le convirtió en el presidente de una autoridad portuaria más veterano de España, Enrique Losada deja su puesto como presidente del Puerto de A Coruña tras la decisión de la Xunta de sustituirle por el hasta ahora concejal y diputado autonómico del PP Martín Fernández Prado, responsable de Urbanismo de la Administración de Carlos Negreira y que gestionó la aprobación definitiva del plan general municipal.
El Gobierno gallego adoptará mañana esta decisión -al igual que la designación de Jesús Vázquez Almuiña como presidente del Puerto de Vigo- que pondrá al frente del organismo portuario a un hombre que, además de su carácter técnico por su profesión de arquitecto, tiene también un marcado carácter político, con el que asumirá el reto de negociar con el resto de instituciones el grave problema económico que padece la Autoridad Portuaria, la construcción del tren a Langosteira y la transformación de los muelles interiores.
Enrique Losada llegó a la entidad en 2009 procedente de la empresa privada (la constructora Epaat) para encargarse de la finalización de las obras del puerto exterior, que recibió su primer barco en 2013 pero que aún sigue con trabajos complementarios. El perfil técnico de su carta inicial de presentación derivó en político en los últimos años y acabó por tener presencia pública en actos del PP, también en electorales.
Su gestión también se ha caracterizado por los continuos enfrentamientos con el resto de administraciones que no estaban dirigidas por el Partido Popular. Los choques fueron especialmente evidentes con el Gobierno local de Marea, en asuntos como la peatonalización de la Marina y los túneles que recorren su subsuelo, -realizados en colaboración con la Alcaldía del PP-, el destino de los terrenos portuarios que serán liberados o el intento de venta de La Solana y el hotel Finisterre. Losada atribuyó siempre estas diferencias a la actitud de Marea y consideró que la llegada del PSOE a la Alcaldía abriría un nueva fase de relación entre el Concello y el Puerto coruñés.
Aunque la situación se pacificó, tampoco con los socialistas existió la sintonía que el presidente del Puerto esperaba. El nuevo Ejecutivo municipal materializó el cambio urbanístico de los terrenos de La Solana que había iniciado Marea y, al igual que ese partido, rechazó que la venta de los muelles sea la solución para acabar con la enorme deuda financiera del organismo portuario. El presidente se quejó también de que el Ejecutivo local de Inés Rey lo dejase al margen de un convenio con la UDC para definir un plan para el futuro de los muelles interiores.
El punto de mayor crispación entre Puerto y Concello fue la iniciativa planteada en abril de 2018 por la Xunta y Puertos del Estado para que la primera adquiriese el 51% de la propiedad de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo a cambio de 20 millones de euros, ya que el Gobierno local fue excluido del protocolo de convenio y solo se le invitó a sumarse al mismo tras hacerse público.
La operación, que fue considerada como una deslealtad institucional por todas las formaciones políticas coruñesas a excepción del PP, nunca llegó a concretarse a causa de la pérdida del Gobierno central por parte de los populares. Desde entonces, Losada reclamó sin éxito a los socialistas que se posicionasen sobre esa propuesta de acuerdo, que dejaba al Concello como socio minoritario en las decisiones que pudiera tomar la Xunta sobre los terrenos liberados en el centro y que confirmaba la operación de venta de San Diego.
Los 300 millones que adeuda el Puerto por la construcción de la dársena de punta Langosteira, de los que 200 corresponden a un crédito concedido por Puertos del Estado, constituyen otro de los frentes del mandato de Losada y una losa para su gestión. La compleja situación económica que debe afrontar la institución llevó el día 3 a Puertos a proponer al presidente la creación de una comisión que abordase no solo el problema de la deuda, sino también el de la financiación de la conexión ferroviaria de Langosteira, también pendiente desde hace años. Solo diez días después, Losada convocó una reunión extraordinaria del consejo de administración del Puerto para plantear una declaración institucional en la que reclamaba la licitación urgente del enlace por tren de la dársena exterior.
El documento generó sorpresa entre los cuatro consejeros de la Autoridad Portuaria que representan al Estado, quienes defendieron como alternativa que se aprobase un llamamiento a todas las administraciones implicadas para que se alcanzase una solución de consenso tanto sobre la deuda como del ramal ferroviario. Pero Losada rechazó su planteamiento y mantuvo su propuesta, que finalmente salió adelante aunque con los votos en contra de los representantes estatales, que recordaron en la sesión que tanto Puertos como la Intervención General del Estado advirtieron del riesgo de que la Autoridad Portuaria entre en suspensión de pagos y de que las inversiones proyectadas por la institución para 2021 queden en "papel mojado" ante la falta de recursos.
Aunque ya fuera de la institución, Losada tiene que afrontar un proceso promovido por el Tribunal de Cuentas contra él y el director de Infraestructuras del Puerto, Fernando Noya, por "perjuicios ocasionados a los caudales públicos" por pagos realizados entre 2009 y diciembre de 2011 amparados por un contrato suscrito por el anterior presidente de la Autoridad Portuaria, Macario Fernández-Alonso. A pesar de que Losada no intervino en la formalización de ese contrato, Cuentas considera que son "responsables directos" de los abonos realizados durante su mandato y les reclama de forma personal la devolución de 690.000 euros.
Continuidad
La elección de Martín Fernández Prado como nuevo presidente del Puerto avecina, a priori, continuidad en la política del organismo en relación con la deuda y los muelles, por la plena coincidencia de los planteamientos defendidos por Losada y los del PP coruñés, con la incógnita de si su perfil político contribuirá a que fructifiquen acuerdos con los Gobiernos de Pedro Sánchez e Inés Rey. En la agenda de las tres administraciones está la revisión de los convenios de 2004, rubricados durante la Alcaldía del socialista Francisco Vázquez y que sostienen la operación de venta de los muelles para construir pisos con el objetivo de financiar la deuda de punta Langosteira
El relevo llevará al edificio de la avenida de la Marina a un político que ha mantenido una intensa relación con ese organismo en los últimos años. Como concejal de Urbanismo en el Gobierno local del PP tuvo un contacto permanente con la Autoridad Portuaria para afrontar proyectos como el aparcamiento de O Parrote, la peatonalización de la Marina y el túnel que discurre bajo ese mismo lugar. Era responsable de Urbanismo en la aprobación definitiva del plan general, que cambió el suelo donde se asienta La Solana de dotacional público a dotacional privado, lo que abrió la puerta a la subasta de las instalaciones por parte de la Autoridad Portuaria, que finalmente fue frenada, cuestión que recordaron ayer Marea y BNG.
Los grupos de María Pita se reúnen hoy en una comisión municipal especial convocada por Marea Atlántica para presentar una propuesta de declaración institucional que reclame la condonación de la deuda del Puerto y sobre la que PP y PSOE ya manifestaron que se posicionarán en contra al entender que no es el foro adecuado para plantear esta reivindicación.
