El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por este motivo desde la Unidad de Violencia contra la mujer de la Subdelegación del Gobierno de A Coruña queremos trasladar la absoluta prioridad institucional en la lucha para la erradicación de las violencias contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones.

La violencia machista es uno de los problemas más graves a los que nos tenemos que enfrentar en nuestra sociedad. Una realidad estructural que según la ONU afecta aproximadamente un 35% de las mujeres del planeta. Una violencia ejercida sobre las mujeres y que repercute también sobre sus hijos e hijas. En lo que va de año, las cifras oficiales registran 41 casos de mujeres asesinadas (1.074 asesinatos desde el 1 de enero de 2003, fecha en que se empezó a contabilizar) y tres menores (37 desde el 1 de enero de 2003).

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendida, persistente y devastadora del mundo actual, es la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad entre hombres y mujeres.

Es preciso insistir en que la violencia contra las mujeres es la manifestación más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad como consecuencia de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Las cifras ponen de manifiesto una realidad que no se puede normalizar ni banalizar, una violencia estructural hacia la mitad de la población de nuestro país, que impide la plena libertad, igualdad y seguridad por el exclusivo hecho de ser mujeres.

La erradicación de la violencia contra las mujeres no puede lograrse sin abordar las actitudes sociales que la toleran o justifican. En definitiva, reducir la aceptabilidad social de esta violencia es fundamental para prevenirla y nos exige un cambio en la cultura, las actitudes y los comportamientos machistas que la fomentan.

Es por ello que la lucha contra este tipo de violencias debe ser una prioridad institucional y política para todas las administraciones. Por esto, en diciembre de 2017 se aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con unos acuerdos y medidas acompañadas de un compromiso económico, que contiene un conjunto de medidas dirigidas a prevenir y combatir todas las formas de violencia contra la mujer y a mejorar la respuesta que desde las administraciones e instituciones se debe proporcionar a las mujeres víctimas y a sus hijas e hijos a través de la atención, información, asesoramiento, asistencia social integral, alojamiento y recuperación.

También la Agenda 2030 tiene entre sus objetivos la Igualdad entre mujeres y hombres, incompatible con todo tipo de violencias contra las mujeres y las niñas, ya que estas impiden el bienestar, la democracia y la paz en una sociedad. Es necesario transformar la sociedad y por eso son tan importantes las políticas de sensibilización y de prevención, además de las propias de protección.

Por eso, hoy como el año pasado y los anteriores, decimos que todo esto exige el compromiso total y global del Gobierno de España, de las instituciones, de las administraciones territoriales y de toda la sociedad en el desarrollo de estas acciones porque ante el reto de lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres todos y todas tenemos una gran responsabilidad, la de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la mujer, en definitiva, la de disfrutar de una verdadera sociedad democrática.