La Diputación de A Coruña atesora un remanente que le obliga a pagar a los bancos 500.000 euros anuales por sus depósitos. Uno de los motivos para esta liquidez es el nivel de ejecución presupuestaria que lleva a la entidad provincial a reservar fondos para actuaciones que no se llegan a ejecutar. Ante la queja de la oposición, la solución que ofreció el presidente, Valentín González Formoso, pasa por poner “fecha límite” a los proyectos. González Formoso aseguró que al llegar al gobierno de la Diputación “se depuraron y solo quedan obras pendientes de 2016”. Apuntó que “llegará el momento de tener una concepción más restrictiva y poner fecha límite” a los proyectos y con esos 500.000 euros, “se pueden hacer más inversiones” .

Después de que la oposición recriminase al Gobierno provincial este superávit y la baja ejecución presupuestaria, el portavoz del PSOE, Bernardo Fernández, señaló que parte del dinero que está depositado en bancos, “140 millones de euros, no son de la Diputación sino de los concellos o de otros planes anteriores”.

El debate sobre el remanente se desarrolló antes de la aprobación de los presupuestos de la Diputación para 2021, de 184,5 millones, sin votos en contra. PSOE, BNG, Alternativa dos Veciños y Marea votaron a favor y el PP se abstuvo. El popular Evaristo Ben subrayó que las administraciones tienen la responsabilidad de “ayudar a los más vulnerables, estimular la economía y garantizar los servicios públicos”, para justificar su abstención.

El Plan Único 2021 se aprobó por la unanimidad, con una partida de 64,6 millones de euros de los que 14 son para gasto social. A Coruña recibirá de este plan 437.832 euros, de los que podrá destinar a gasto social 95.453 euros. Entre la ciudad y las comarcas coruñesa y betanceira contarán con 13,37 millones de euros, de los que 10,42 millones serán para inversiones, pago de deuda o gasto corriente y 2,95 millones para gasto social.

Respecto al Plan de Empleo Local, se incrementa en un 76%, hasta los 16 millones. El Gobierno provincial subrayó la nueva línea PEL-Cidades, con tres millones de euros. para “apoyar los planes de ayuda a la hostelería y al pequeño comercio de A Coruña, Santiago y Ferrol”, indicó el socialista Antonio Leiro, encargado de explicar unos presupuestos que “se adaptan a las nuevas circunstancias”. El diputado destacó el “compromiso total con las entidades sociales” de la Diputación y citó los 70.000 euros que recibirán los bancos de alimentos.

Para la diputada del BNG, socio de gobierno del PSOE, María del Carmen Muíño, los presupuestos “servirán para dinamizar la economía y llevar a cabo proyectos que mejoren la vida de los ciudadanos, con un refuerzo en lo social”.

El PP presentó una moción, que fue rechazada, para la ampliación del plan de obras para tratar de que se “abandone el parcheo”. Para ello, proponía que se realizase una auditoría de las carreteras provinciales, se crease una comisión de diputados y técnicos, y se elaborase un plan plurianual para ejecutar estas actuaciones.

El diputado de Marea Atlántica, Alberto Lema, votó a favor de la moción del PP, mientras que PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños votaron en contra al entender que ya existía la citada comisión y cada año se realizan estudios para decidir en qué vías se va a actuar, según explicó el Gobierno provincial.

Marea propuso con una enmienda a los presupuestos rebajar un millón de euros del Plan de Obras y Servicios. La intención era dividir esa partida en tres líneas: llevar al rural el Plan de Empleo Local, dotada con 600.000 euros; aumentar las becas, 200.000 euros; y ampliar el Camiño dos Faros, 200.000 euros. La iniciativa no prosperó por el voto en contra del resto de grupos políticos.