El negocio de alquiler de galpones como viviendas ilegales en A Zapateira y Feáns continúa, mientras que Urbanismo no ha iniciado ningún trámite para parar su construcción o que sigan habitados. Con opción de entrar ya a ocupar una de estas infraviviendas, los precios parten de los 250 euros al mes y superan los 350 en caso de que sea una habitación doble.

Apenas se ven anuncios en portales de internet, pero los propietarios de estos galpones siguen cerrando contratos de alquiler. Hay habitaciones simples, con baño y una sola cama. También las hay con literas e incluso dobles. En cuanto se quedan libres, ya hay llamadas para interesarse por estas construcciones ilegales. Muy próximas a la Universidad, en un principio sirvieron para alojar a los estudiantes. Ahora, los inquilinos con menos recursos son los que buscan refugio en estos galpones de tres metros de ancho por cuatro de largo, cuyas condiciones son muy precarias.

Hace casi un año que el Gobierno local anunció que procedería a precintar estas infraviviendas y cortar los suministros de agua y luz para detener el negocio, pero esa medida nunca se llevó a cabo. El Concello atribuye el retraso a la pandemia, pero alguno de los inquilinos, que piden ayuda para encontrar una vivienda digna, aseguran que el negocio no se ha visto afectado por el coronavirus. Todo lo contrario. La crisis económica ha golpeado a ciertos colectivos que no se pueden permitir un piso o el alquiler de una habitación en el centro de la ciudad.

Un reciente estudio de la arquitecta Cristina Botana identificó 104 galpones habitados en fincas en las que hay un chalé principal y pequeñas construcciones alrededor. El Concello se comprometió a tomar medidas para evitar el uso residencial de estas infraviviendas, ya que la mayoría consta como almacén o garaje. Tanto en A Zapateira como Feáns nada ha cambiado desde el 2008, cuando Xosé Lois Martínez, José Manuel Vázquez y Plácido Lizancos alertaron de esta situación. En aquel entonces, hace ya más de una década, el Ejecutivo de PSOE y BNG dictó varias órdenes de demolición, aunque ninguna de ellas llegó a ejecutarse. Ahora el derribo, en algunos casos, es misión imposible porque hay galpones que llevan en pie unos veinte años y la irregularidad prescribe a los seis.

Uno de los residentes, que lleva 17 años viviendo en un galpón, asegura que el problema es “el precio del alquiler”, que no da opción a encontrar otra alternativa. Le preocupa, además, que el Concello “ponga el COVID-19 como excusa”, cuando los infractores no han tenido “ningún problema” en seguir alquilando estas pequeñas construcciones ilegales. “Aquí no ha venido nadie del Ayuntamiento ni se ha notificado a los propietarios que hay que precintar los galpones”, reconoce, y duda de que en algún momento “se vaya a realojar s los inquilinos o se precinten o derriben” las infraviviendas. “La pandemia no supuso la paralización del alquiler de estas chabolas”, sentencia.

Informa, además, de que los afectados por esta situación cada vez más precaria —los galpones están cubiertos de humedad y en “condiciones insalubres”— han recibido el ofrecimiento de la Escuela de Arquitectura, para “colaborar” en cualquier acción que se emprenda para frenar el uso residencial de los galpones y dar una solución a sus actuales residentes.

Lo que también preocupa a los arquitectos que han estudiado la situación es que si las infraviviendas, destinadas a almacén, no se derriban, en un futuro volverán a utilizarse, pues los propietarios nunca han tenido intención de paralizar su actividad.