El conflicto judicial entre la Administración central y el Concello por la propiedad de la antigua prisión provincial llega a su final con la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que se hizo firme el pasado día 11 de noviembre al no haber sido recurrida y que confirma la imposibilidad de llevar a cabo la reversión del edificio sobre la base de que se levantó sobre terrenos municipales que fueron cedidos al Estado en 1925.
El Concello se ve ahora abocado a pagar 1,2 millones a la administración penitenciaria para tomar posesión al fin del inmueble, para el que por el momento no existe ningún proyecto por parte municipal y cuyo deficiente estado de conservación hace necesaria una cuantiosa inversión, cuyo coste sitúan los socialistas en torno a los 30 millones de euros.
El fallo judicial definitivo será tomado hoy en conocimiento por la Junta de Gobierno Local y era esperado tras el que se produjo en marzo por parte del Tribunal Supremo que ratificó la validez del acuerdo que habían firmado en 2005 el Gobierno local presidido por Francisco Vázquez y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) mediante el cual el Concello se comprometía a pagar por la adquisición de la prisión.
El pleno aprobó una moción que pedía que se declarase Bien de Interés Cultural
La firmeza de la última sentencia que se esperaba sobre este caso no despeja las dudas sobre el futuro de la cárcel, ya que el pasado mes de febrero la alcaldesa, Inés Rey, advirtió que la utilización del edificio requiere de una “inversión importantísima” sin la que será imposible llevar a cabo cualquier proyecto en su interior. “Es un edificio que está cerrado precisamente por el mal estado en el que se encuentra”, advirtió Rey, para quien es un riesgo y un peligro tenerlo abierto” y que añadió que para que vuelva a abrirse “se necesita una reforma integral, una reforma que es además muy cara”.
La alcaldesa aseguró entonces que el Gobierno local analizaba varios proyectos para la antigua prisión, pero no mencionó ninguno, al igual que hacen ahora fuentes municipales cuando se les pregunta si está en marcha alguna iniciativa relacionada con el inmueble, que pasará en breve a manos municipales cuando se formalice el pago de los 1,2 millones acordados en 2005.
La antigua cárcel fue el eje de uno de los asuntos más polémicos del pasado mandato municipal, ya que la iniciativa del Gobierno local de Marea Atlántica de ceder la gestión de su uso al colectivo Proxecto Cárcere mediante un concurso público fue respondida por el Partido Popular con la presentación de una denuncia. La Fiscalía inició entonces una investigación a la concejala de Participación, Claudia Delso, por la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa al haber sido la responsable del concurso, aunque el juzgado que instruyó el caso terminó por decretar su archivo.
Proxecto Cárcere llegó a organizar actividades en la prisión entre agosto y diciembre de 2018, ya que en ese último mes el Gobierno local acabó por cerrar el inmueble ante la advertencia de la Dirección Xeral de Patrimonio de que la pasarela instalada para facilitar el acceso al edificio estaba vinculada a la realización de iniciativas culturales en el interior a las que no había dado su aprobación.
La falta de planes del Gobierno local sobre la antigua prisión afecta al acuerdo de investidura de los socialistas con el BNG, en el que los primeros se comprometieron a reclamar la cesión al Concello de las propiedades estatales que se encuentre en desuso, entre las que los nacionalistas sitúan a este inmueble penitenciario.
Fruto de ese pacto, el pleno municipal aprobó una moción del Bloque que proponía la declaración de la cárcel como Bien de Interés Cultural (BIC) con el fin de aumentar su protección, que el Plan General de Ordenación Municipal vigente ya le concede al incluirlo en su catálogo de patrimonio histórico-artístico.
Tras la iniciativa plenaria, el Gobierno municipal creó una mesa de trabajo en la que estuvieron representados todos los grupos políticos y se comprometió a elaborar un plan director para conseguir la declaración de BIC. A principios de este mes, la concejala del BNG Avia Veira criticaba que desde aquella primer reunión la mesa de trabajo no volvió a convocarse, por lo que acusaba al Ejecutivo local de “inacción”.
Los nacionalistas volverán a la carga con este asunto en el pleno municipal de mañana, en el que reclamarán al Gobierno local que negocie con el central la cesión del edificio cuando sea rehabilitado, ya que consideran que debe ser esa administración, como su actual propietaria, la que se encargue de esas obras. Pero este planteamiento no tiene en cuenta la última sentencia, con la que el Concello no tiene más opción que abonar la cantidad con la que se convertirá en dueño de la prisión.
El portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, considera que la cárcel reúne “condiciones adecuadas para múltiples usos”, como los socioculturales o los relacionados con la memoria histórica, y que podría ser un centro de interpretación y atención a visitantes de la Torre de Hércules.
Marea Atlántica no incluyó en 2019 a este edificio en su acuerdo de gobierno con el PSOE ante la previsión de que el fallo judicial tardaría en llegar, pero el pasado septiembre llevó este asunto al pleno y acusó de “inmovilismo” al Gobierno local por no adoptar iniciativas para rehabilitar la cárcel y reabrirla al público, así como por no dar a conocer a la ciudadanía sus planes sobre su futuro.
Vía libre a la remodelación del entorno de San Agustín
La Junta de Gobierno Local aprobará hoy el proyecto de remodelación del entorno del mercado de San Agustín, presupuestado en 822.579 euros y cuyo diseño inicial preveía peatonalizar Estrecha de San Andrés y Marqués de Pontejos, aunque las protestas de vecinos y comerciantes hicieron posponerlo hasta que se alcance un acuerdo con los afectados. El plan definitivo solo restringirá la circulación en determinadas horas del día e incluye la continuidad de las plazas de la ORA en rotación con una estancia máxima de una hora.
Las obras crearán más zonas de carga y descarga, aumentarán las áreas peatonales, y las dotarán de un nuevo pavimento en las mismas, incluirán la plantación árboles y la dotación de nuevo mobiliario urbano en esta zona.
Más intereses a la antigua concesionaria de San Pedro
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimó el recurso presentado por el Concello contra la fecha a partir de la cual debían computarse los intereses de demora por el pago del déficit en los años 2016 y 2017 de la antigua concesionaria del ascensor y la cúpula del monte de San Pedro, la empresa Miramar de San Pedro. El Concello pretendía que fuera desde el 11 de julio de 2018, pero la sentencia señala que debe ser desde el 28 de marzo de ese año. El tribunal rechaza también la reclamación presentada por la empresa para que se incrementase la compensación por el déficit sobre la base de los costes de personal, la energía eléctrica, los costes indirectos y el personal de limpieza, un asunto que fue motivo de conflicto con el Concello en los últimos años.
Revocada una sanción a una empresa de limpieza
CLN Incorpora, la empresa que se encarga de la limpieza del Palacio Municipal, el edificio de la Hacienda local en la calle de la Franja y las dependencias municipales de las Casas de Paredes, recibirá la devolución de los 6.000 euros de sanción que le impuso el Gobierno local por incumplimiento defectuoso de su contrato. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 anuló esa decisión porque fue adoptada por un teniente de alcalde, cuando esa delegación solo podía realizarse para los contratos administrativos de un importe inferior a 300.000 euros. El de esta compañía es de 430.381 euros por lo que esa resolución debería haber sido adoptada por la Junta de Gobierno Local. La asesoría jurídica recomendó no recurrir el fallo ante su argumentación.
