El informe del secretario municipal sobre la incorporación de la concejala Mónica Martínez en el Gobierno local tras su abandono de Ciudadanos y su conversión en no adscrita considera que esta situación es legal, por lo que se posiciona en contra del recurso planteado por Marea Atlántica en contra de su nombramiento como responsable de Deportes.

Esta formación consideraba que al ser no adscrita no puede tener derechos económicos ni políticos superiores a los que tenía en el grupo mixto y que son nulos todos los acuerdos que le atribuyeron delegaciones, cargos, retribuciones y dedicación exclusiva, al estimar que incumplen la Ley de Bases de Régimen Local y el Reglamento Orgánico Municipal. Frente a esta argumentación, el secretario aclara que “los nombramientos de la Alcaldía no tienen por qué estar vinculados a un determinado grupo municipal” y que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre que los no adscritos no pueden tener más derechos políticos y económicos que los que tenían en su grupo de procedencia se refiere a como miembros de un grupo municipal y no como concejales.

También sentencia que a Ley de Bases no establece distinción entre concejal adscrito y no adscrito para asumir cargos que esa decisión “forma parte de la potestad organizatoria municipal”. Sobre el paso de Martínez al Gobierno local, asegura que ese hecho supone que no haya variado la persona que ocupa la Alcaldía y que no existe “una desestabilización política”. También resalta que el decreto de 1 de septiembre que nombró a Martínez alude a la situación de estado de alarma para justificar el cambio del Gobierno local, por lo que entiende que existe “un plus de motivación explícita”.

El funcionario municipal reconoce que en algunas sentencias anteriores se decía que el concejal que abandona su grupo no puede ostentar delegaciones que antes no tenía y mayores retribuciones, pero advierte que las últimas “interpretan que siempre y cuando la mejora económica o política sea consecuencia del cargo que ostenta y no por la condición de concejal no adscrito, será posible este incremento de retribuciones por este concepto”.

En cuanto a su motivación, interpreta que el incremento retributivo efectuado a Martínez “parece tener coherencia, proporcionalidad y racionalidad con la responsabilidad asumida y podría haberse producido si hubiera continuado en el grupo mixto”. También pone de manifiesto que el Tribunal Supremo exige en una sentencia que el pleno califique la baja de un concejal en un grupo municipal y que no está acreditado que el de A Coruña lo hiciera con Martínez. Sobre el Reglamento Orgánico Municipal, señala que menciona el alcance de los derechos políticos de los concejales “será el que fije el pleno” y que el coruñés no se pronunció sobre los de Martínez.

Para el secretario “el propio concepto de tránsfuga es más político que jurídico, de difícil determinación”, en relación con la acusación que hace Marea Atlántica a Mónica Martínez, y añade que el Tribunal Supremo entiende que la ruptura de un concejal con su partido político “no siempre tiene naturaleza fraudulenta”.

Recuerda que en el pleno de noviembre, la moción de Marea para que Martínez fuese considerada tránsfuga fue rechazada, por lo que considera que no se le puede aplicar la sentencia del Supremo de 26 de octubre de 2020, y que en esa sesión tampoco se acordó proponer su destitución como responsable de Deportes. Para el secretario, ese fallo judicial trata de “evitar distorsionar el resultado salido de las urnas configurando nuevas mayorías y correlativos cambios en el gobierno local” y concluye que la actuación de Martínez “no parece que tenga encaje en el concepto de tránsfuga”.

Incorporación de Faraldo

El dictamen del secretario sobre la exconcejala de Ciudadanos se conoce el día anterior al pleno que dará entrada en la Corporación a Isabel Faraldo, quien relevará a Xiao Varela y fue elegida en la lista de Marea Atlántica pero que no se integrará en su grupo, ya que será concejala no adscrita, aunque representará a Podemos en el Concello. Marea también considera esta actuación un caso de transfuguismo, mientras que el BNG anunció que no considera a Podemos como un actor político municipal al no haber concurrido a las elecciones municipales.