Más solicitudes en el último año y medio de Protección Internacional y un refuerzo en el equipo que se encarga de las peticiones de Asilo y Refugio. El resultado de esta combinación es que se ha incrementado el número de personas en situación irregular y que solo pueden tener acceso a la renta social municipal, en el caso de A Coruña. Una situación que comprueban cada día ACCEM o Viraventos, entidades que prevén que se vaya a incrementar el número de solicitudes del subsidio municipal, por esas denegaciones del Ministerio del Interior.

Según datos del departamento estatal desde enero a octubre de este año se han presentado 78.812 solicitudes y se han rechazado 56.203. La mayoría son de Venezuela (25.858) y Colombia (24.900).

Estos datos son extrapolables a la ciudad, como señala el coordinador de ACCEM y vicepresidente de EAPN (Rede Galega contra a Pobreza), Daniel Bóveda, que cuentan ahora con más usuarios, “sobre todo de nacionalidad venezolana, porque hace años venían los que tenían vínculo con Galicia y ahora no, eligen nuestra comunidad y hay un aumento considerable, aunque Galicia no es la puerta principal de entrada”.

Sectores vulnerables como los menores de 21 no acceden al ingreso mínimo vital

Si el año pasado las solicitudes fueron en España “unas 100.000” en 2015 “fueron 14.000”, un aumento “considerable”, indica Bóveda, y no cuentan con una solución administrativa, en la mayoría de los casos, cuando ven rechazada esa Protección Internacional.

En el caso de los que proceden de Venezuela, aunque se les deniegue la Protección Internacional, cuentan con una tarjeta de residencia por causas humanitarias, explica Bóveda, que les permite acceder a otro tipo de subsidios, en el caso de necesitarlo. Para ACCEM, una solución pasaría por extender esta tarjeta al resto de nacionalidades latinoamericanas porque “tienen mucho peso y el proceso de integración es bueno”.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con el resto de procedencias, que, cuando ven rechazada su solicitud de Protección Internacional terminan en una situación de “irregularidad sobrevenida”, indica Bóveda. Sin los papeles en regla, no pueden acceder a la Risga, por ejemplo, y, en el caso de A Coruña, solo les quedaría la renta municipal que no exige esta documentación.

Esta situación no solo afecta a aquellas personas que necesitan un subsidio ya que es un perjuicio para las que tienen un contrato laboral. “Supone un problema para los que están trabajando, si pasan a una situación irregular, tendrían que pedir este tipo de rentas”, al quedarse sin empleo.

Desde Viraventos detectan una problemática similar. La responsable de acción social, Ana Louzán, apunta que “si antes se resolvían en año y medio, ahora en tres o cuatro meses las rechazan” y también recalca que las personas que terminen en esta situación irregular, solo tendrá la renta básica municipal como recurso. “Va a pasar, va a aumentar el número de solicitantes en la ciudad y hablamos de familias”, recuerda Louzán.

Desde el tercer sector consideran que la Xunta debe “reforzar la Risga para grupos vulnerables y que no pueden acceder al ingreso mínimo vital”, y no son solo personas en situación irregular, “los menores emancipados de 21 años no pueden solicitarlo”, ejemplifica Bóveda.

“La Xunta no puede comerse el presupuesto que hay para la Risga por el ingreso mínimo vital, y si hay superávit, que vaya para inversión social”, reclama Bóveda, que recuerda que es necesario que se blinde también a las familias monoparentales, “que en la mayoría de los casos son madres”.