El Consejo General del Poder Judicial le ha dado un año más de vida al juzgado coruñés encargado de resolver los casos de cláusulas suelo. El órgano estatal ha decidido prorrogar durante 2021 la competencia exclusiva y excluyente del juzgado número 7, así como su refuerzo, para que pueda resolver las causas pendientes. En la actualidad ascienden a unas 2.700 en trámite, según las últimas estadísticas de Justicia.

Los 2.684 casos sin resolver a fecha de octubre de este año —última estadística del Consejo General del Poder Judicial—, solo hacen referencia a las cláusulas suelo, pero el volumen de trabajo de la sala es mucho mayor. Como explican desde el sindicato SPJ-USO, en la actualidad están pendientes más de 4.000 procedimientos ordinarios. En este apartado se engloban tanto las cláusulas abusivas, como los gastos de contratación de las hipotecas o las demoras de los pagos, entre otros.

El delegado sindical de SPJ-USO en A Coruña, Roberto Andrade, señala la importancia de esta prórroga porque la eliminación del refuerzo “implicaría que no se garantizaría la tutela judicial efectiva a los ciudadanos ya que provocaría que las demandas presentadas tardarían muchísimos años en poder resolverse”. Era una reivindicación que este sindicato trasladó en múltiples reuniones al Tribunal Superior de Justicia de Galicia para evitar el “colapso absoluto del Juzgado de Primera Instancia número 7”, afirma el delegado sindical.

Evolución

Andrade apunta que desde 2017 han entrado en la sala “9.000 demandas” ordinarias, teniendo en cuenta solo las cláusulas suelo, el juzgado ha ingresado 5.063 desde 2017. Ese año, el tribunal cerró el ejercicio con 134 procedimientos resueltos y 2.477 en trámite de cláusulas suelo.

Al año siguiente, se resolvieron 725 causas y 3.062 estaban en trámite, mientras que en 2019, el juzgado y su refuerzo logran resolver 1.134 y quedan sobre la mesa 2.710.

En los tres primeros meses del año, la paralización del sector durante la pandemia dejó 2.684 procedimientos en trámite y 341 resueltos. En este último caso, Andrade hace hincapié en el “esfuerzo titánico “de jueces, letrados y funcionarios de la administración de Justicia, “en los últimos cuatro meses han finalizado cerca de mil asuntos y en la actualidad aún tienen 4.235 procedimientos ordinarios pendientes”.

Desde SPJ-USO esperan que esta no sea la última prórroga y que “al menos se mantenga en 2022”.