El cambio en el plan general en la avenida do Ferrocarril al que está obligado el Concello por sentencia judicial abre un escenario urbanístico en la zona que, con el acuerdo con los propietarios de las parcelas que forman un polígono anexo a la estación ferroviaria, tendrá usos residenciales, espacios libres y equipamientos. La modificación urbanística, que comenzó a tramitarse en el anterior mandato, se aprobará hoy en la Junta de Gobierno Local, en la que se ratificará el convenio para su desarrollo entre el Ayuntamiento y los dueños de suelo, Promoción Agropecuaria Industrial y Fomento de Explotaciones Agropecuarias.

¿Qué señala en la actualidad el plan general? El planeamiento urbanístico califica los terrenos propiedad de la empresa que forman parte del polígono como suelo urbano no consolidado. Se ubican en el entorno de la estación de tren de San Cristóbal y futura intermodal, entre las avenidas do Ferrocarril y A Sardiñeira. La superficie total del ámbito es de 22.261 metros cuadrados, de la que 13.625 son edificables, con un 40% de la vivienda reservada para protección oficial. El plan general de 2013 prevé cinco bloques de seis alturas, salvo un edificio de cuatro, agrupados en dos parcelas.

¿Qué cambio debe tramitar el Concello para cumplir la sentencia judicial? La modificación que debe llevar a cabo el Ayuntamiento responde a un fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de marzo de 2016 en contra del plan general en el que estima un recurso de los propietarios de los terrenos por el cual pedían su reconocimiento como suelo urbano consolidado al tener servicios y estar integrados en la red urbana. En el ámbito figuran fincas sin urbanizar y naves del antiguo concesionario Conde Medín en la avenida do Ferrocarril.

¿Qué modificación quería acometer el Gobierno local anterior? Marea Atlántica había iniciado la tramitación del cambio urbanístico con el fin de redefinir el ámbito e introducir la promoción pública de viviendas. El plan general reservaba un porcentaje del 40% para la construcción de vivienda de protección oficial y el Ejecutivo anterior pretendía cuatriplicarlo. El plan de Marea incluía la expropiación de las parcelas de la empresa para poder disponer del edificio del concesionario Conde Medín, opción que descarta el actual Gobierno local porque tendría que asumir un gasto de tres millones de euros.

¿Qué acuerdan los dueños del suelo y el Concello para realizar el cambio urbanístico? Las conversaciones entre el área municipal de Urbanismo y Promoción Agropecuaria Industrial y Fomento de Explotaciones Agropecuarias desembocan en un convenio que mantiene la ordenación y altura de los edificios prevista en el plan general. La empresa cederá gratis al Concello el edificio del antiguo concesionario, que destinará a equipamiento, y, a cambio, la Administración local permitirá a los propietarios del suelo mantener los derechos para la construcción de pisos. Se reservará para vivienda protegida el 10% de la edificabilidad residencial. Esta reserva se hace de forma voluntaria, según refleja el convenio, ya que no es legalmente exigible en suelo con calificación de urbano consolidado, explican fuentes de la Concejalía de Urbanismo.

¿Cómo quedaría el ámbito? El inmueble del concesionario, en un extremo del polígono, abarca una superficie de 2.802 metros cuadrados. En el resto de la zona se extenderán los cinco bloques residenciales, de cuatro y seis alturas, hasta el otro extremo. Se abrirá un vial entre las vías del tren y los edificios, con zonas verdes privadas entre ellos. La reordenación también deberá favorecerá los accesos a la estación intermodal desde la avenida do Ferrocarril.

¿Cuándo se aprueba el cambio en el plan general? La modificación urbanística deberá ser aprobada en el pleno municipal y el convenio señala que el Concello deberá tramitarlo “con la mayor celeridad posible”. Marea, que ayer criticó no haber podido acceder a la documentación completa y que la iniciativa del Gobierno local fuera “unilateral”, se reserva para el pleno su opinión fundamentada sobre el cambio. El grupo aplaude la cesión del edificio de AC Medín, pero considera “insuficiente” que solo un 10% de las viviendas previstas sean de protección oficial.