Los mariscadores de la ría de O Burgo cifran en unos 700.000 euros anuales las ayudas que les corresponderían como damnificados por tener que parar su actividad durante las obras y la recuperación del dragado del estuario. Instan a Xunta y Estado a negociar para que el proyecto lleve aparejado un plan social que garantice que el sector tendrá ingresos durante los aproximadamente dos años que durarán los trabajos de regeneración.

Esta cantidad responde a los gastos que, como autónomos, tienen los mariscadores. “No pedimos una cosa descabellada, a nosotros nos piden 1.425 euros al mes, de acuerdo a la base reguladora. De ese importe, los trabajadores aportaríamos la parte proporcional de la Seguridad Social para no perder nuestros derechos. Nos quedaría un salario de unos 1.100 euros, que tampoco es tanto, es casi un salario mínimo interprofesional”, defendió ayer el portavoz de los mariscadores a pie, Manuel Baldomir, que exigió, además, la licitación del proyecto, que cuenta ya con cofinanciación europea, pero con cargo a una partida que tiene fecha de caducidad, ya que los fondos han de empezar a ejecutarse el próximo año. Los mariscadores se quejaron ayer del “ninguneo” al que las administraciones tienen sometido al sector al no sentarse con ellos para hablar de compensaciones económicas.

El Estado defiende que, como responsable del marisqueo, es la Xunta quien se tiene que hacer cargo del plan social y el Gobierno gallego solo propone pagar el 10% de la cantidad reclamada.

La representante del BNG en Europa, Ana Miranda, que ayer acompañó a los mariscadores en sus reclamaciones, adelantó que volverá a llevar a Bruselas el caso de la ría de O Burgo, por los “retrasos injustificados” de la obra, toda vez que fue en 2013 cuando una delegación de la Comisión de Peticiones visitó el estuario y urgió al Gobierno de España a sanear la ría.