Los vecinos de la Ciudad Vieja fueron testigos de cómo una furgoneta trasladaba, ayer, algunos de los muebles que decoran la casa Cornide a una ubicación desconocida. El edificio, propiedad de la familia Franco, se encuentra, a día de hoy, en trámites de ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) a petición del Concello. La Xunta estudia, en estos momentos, los informes históricos y artísticos que el Gobierno local encargó a diversos expertos en la materia. El destino del mobiliario no ha trascendido. Esta redacción intentó ayer, sin éxito, ponerse en contacto con los representantes legales de los Franco.

El Concello anunció, hace pocos días, su intención de iniciar acciones judiciales para recuperar la titularidad del inmueble, que perteneció a la administración municipal hasta 1962, año en el que fue traspasado mediante subasta a Pedro Barrié de la Maza, que posteriormente regalaría el inmueble a Carmen Polo. El Concello apoyará su argumentación en el pleito en un informe jurídico elaborado por investigadores de la Universidade da Coruña, que delata las presuntas irregularidades en el proceso.

El BNG, alertado por vecinos, denunció la salida de los muebles, que atribuyó a que “los Franco quieren evitar que pase lo que en Meirás: que se haga un inventario de lo que contiene la Casa Cornide para evitar que se lo lleven de allí”. En un comunicado, la formación hace referencia a la supuesta intención de los herederos del dictador de vaciar Meirás antes de su traspaso al Estado, posibilidad que la jueza de Primera Instancia de A Coruña bloqueó en su momento, aplicando las medidas cautelares de protección que había solicitado la Abogacía del Estado.

De este modo, los Franco no pudieron retirar los bienes de Meirás, que fueron inventariados y catalogados por un comité de expertos de la Consellería bajo la supervisión de una comitiva judicial. El caso de Cornide, sin embargo, es diferente a este respecto. Al encontrarse la propiedad en trámites para optar a la declaración BIC, y no haber sido reclamada, todavía, su titularidad en los tribunales, no existe orden o norma que impida a los Franco retirar el mobiliario. Al no existir un inventario de los bienes interiores, pues nadie ajeno a la familia ha podido acceder a la propiedad desde los años 60, es complicado discernir si los objetos que alberga Cornide tienen carácter personal o son parte del patrimonio público.

El profesor Carlos Aymerich, coautor del informe jurídico, declaró a este periódico que, si bien los Franco tienen libertad para vaciar el edificio, la normativa patrimonial “permite adoptar cautelarmente algunas medidas”. Una posible vía para blindar los bienes, a ojos del experto, sería “incoar la denominación BIC, adoptar estas medidas e impedir que se estropee el valor histórico del bien y de su contenido”. La Comisión en Defensa do Común convoca un acto este domingo frente al inmueble, en el que exigirá, entre otros objetivos, que se acelere la declaración BIC.