El Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña ha decretado la reapertura de las actuaciones sobre la denominada operación Zeta, que investiga un presunto fraude en la concesión de subvenciones para actividades de formación, tras recibir el informe que había solicitado hace dos años a la Intervención General del Estado sobre las mismas y que motivó el sobreseimiento provisional del caso durante ese tiempo. El documento refleja numerosas irregularidades en la concesión y realización de esas iniciativas por parte de las empresas vinculadas a Gerardo Crespo Riestra, propietario del grupo Azetanet, quien recibió a través de la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación (Fundefo) en los años 2008 y 2009 subvenciones de diferentes comunidades autónomas y del Estado por valor de 3,6 millones de euros para la realización de 38 cursos, 23 de ellos con la Xunta de Galicia.

La operación Zeta se inició en 2011 y cuenta con más de 50 investigados entre empresarios, dirigentes de asociaciones, sindicalistas y ex altos cargos de la Xunta del PP y de la de PSOE y BNG. Las investigaciones situaron a Gerardo Crespo y a Eliseo Calviño, presidente de la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), como presuntos cabecillas de la organización. Crespo está investigado como supuesto autor de los delitos de estafa agravada, fraude de subvenciones y falsedad documental, aunque pueden derivar en los de prevaricación y corrupción.

La mayor parte de las actividades subvencionadas por la Xunta recibieron fondos de la Consellería de Traballo, tanto en el periodo del bipartito PSOE-BNG, en el que estaba dirigida por Ricardo Varela, como en el primer gobierno del PP de Alberto Núñez Feijóo, en la que la titular del departamento era Beatriz Mato.

La Intervención General del Estado aprecia en los expedientes de las subvenciones irregularidades como la subcontratación con once empresas del propio grupo presidido por Crespo, pese a que está prohibida por la Ley. Todas estas sociedades están dirigidas por “personas unidas por vínculos familiares” con Crespo, a excepción de una que lo está directamente por él mismo.

En varias ocasiones, el informe menciona a la compañía Galitec Consultoría, que impartió muchos de los cursos, afirmando que “se trata de una empresa de la trama”.

Otra de las compañías, pese a no estar participada o administrada por Crespo o sus familiares, “pudiera ser considerada como entidad vinculada a Fundefo”, según la Intervención, ya que el propietario del 80% de su capital, es empleado de varias sociedades del grupo de Crespo, y el 20% restante es de la cónyuge de aquél.

También se menciona que algunas de las empresas que supuestamente prestaron servicios a Fundefo carecen de personal o medios para desempeñar su labor, así como que no consta la realización de una parte de los cursos. En otras actividades no existe una relación de los asistentes, mientras que en otras aparecen empleados de Crespo como alumnos. Incluso los tres patronos de Fundefo y sus respectivos cónyuges figuran como contratados y cobraron por ello, pese a que al tratarse de una fundación debían recibir unas autorizaciones que no aparecen en los expedientes.

Otras irregularidades halladas por la Intervención del Estado son la inexistencia en la mayoría de los casos de inspecciones de control de las actividades por parte de las administraciones, que incluso cuando apreciaron una infracción de la normativa, mantuvieron la concesión de la subvención. Las únicas ocasiones en las que Crespo se vio obligado a devolver parte del importe de una ayuda corresponden a cursos en los que no se logró la inserción laboral del número de personas establecido o en los que el volumen de alumnos fue inferior al fijado para obtener la subvención. En los expedientes en los que figuran las visitas realizadas, estas reflejan “numerosas deficiencias respecto de las instalaciones, los equipos, el material didáctico, etc.” y con “comentarios muy negativos que en ocasiones llegan a poner en duda la calidad de la enseñanza”.

Ocho de las subvenciones fueron auditadas por la sociedad Proaudit, dirigida por Lluis Gavaldà Casat, quien en todos los casos emitió un informe favorable y cobró por esta labor pese a ser patrono de Fundefo. Uno de los cursos contó con una evaluación de la calidad de la docencia impartida que fue elaborado por Azetanet, una de las empresas de Crespo, lo que lleva a Intervención a afirmar que “carece de sentido que la evaluación de la calidad y eficacia del curso sea realizada por una entidad dependiente o perteneciente al grupo de la entidad que lo imparte”.

El informe incluye los correos electrónicos enviados entre trabajadores de las empresas de Crespo que fueron descubiertos por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, en los que reconocen los problemas que pueden tener las sociedades del grupo a causa de las irregularidades que dicen cometer, entre las que figura el hinchado de las facturas presentadas, la inclusión de algunos de ellos entre los asistentes a los cursos y la contratación de todos los servicios prestados entre ellas mismas.

Intervención destaca que en más del 60% de las subvenciones concedidas se exige que la selección de los participantes la realice el Servicio Público de Empleo correspondiente, pero en las 24 ayudas en las que se dijo que se había hecho de esta forma, en quince no hay constancia documental de ese proceso. A esto hay que unir que en 16 expedientes “se aprecia una falta de rigor en cuanto a la documentación justificativa a presentar por Fundefo” para solicitar la subvención y justificarla “sin que tampoco consten actuaciones por parte del órgano de la administración competente ante tales carencias”.