La operación Zeta, la investigación judicial y policial sobre las subvenciones iniciada en 2011 a los cursos de formación promovidos por los empresarios Eliseo Calviño y Gerardo Crespo, se pone de nuevo en marcha tras dos años de paralización motivados por la espera por un informe de la Intervención General del Estado acerca de los expedientes de algunas de esas ayudas. El documento elaborado por ese organismo del Ministerio de Hacienda refleja que en las 38 actividades organizadas por Crespo que fueron analizadas, por las que se recibieron entre 2008 y 2009 subvenciones por valor de 3,6 millones de euros por parte de varias comunidades autónomas, el Estado y la Diputación coruñesa, se cometieron presuntamente importantes irregularidades.
El repaso al informe que hace la Intervención estatal sobre una de las subvenciones, concedida por la Consellería de Traballo en 2009, pone de manifiesto las numerosas y trascendentes anomalías que existieron tanto en el proceso de solicitud como en la concesión de la ayuda y el posterior control sobre la misma, por lo que es reveladora de la actuación de las empresas dirigidas por Gerardo Crespo, a las que se refiere de forma continua como “trama”.
Un correo electrónico descubierto por la policía a una de las trabajadoras de Crespo, en el que advertía a sus compañeros sobre las maniobras realizadas con los cursos es altamente revelador. “Se han hecho traspasos continuados y de cantidades más que considerables para liquidar las facturas de las justificaciones, lo cual es un riesgo más que considerable”, decía la empleada, quien también mencionaba que “todos esos traspasos son entre empresas de Gerardo con el mismo administrador lo que demuestra la vinculación que puede llegar a ser problemática”.
A esto añadía que “los importes de las facturas están desfasadamente hinchados debido a la gran inventiva de nuestro jefe y el corto período de tiempo de liquidar”. Por si fuera poco, reconocía que “las empresas nuevas no tienen personal contratado y facturan a mogollón”, y que “las empresas que facturan alquiler de aulas y ordenadores no disponen de ellos”.
Se trataba de un curso de consultor de formación organizado por la Fundación para el Desarrollo de la Empleabilidad y la Formación (Fundefo), entidad presidida por Crespo y a través de la cual solicitaba las ayudas, que recibió en 2009 una subvención de 64.068 euros. La cantidad solicitada fue de 60.000 euros, pero Traballo se la concedió de 72.000 al destinar 57.750 para el curso y 14.271 para ayudas de transporte a los alumnos. Tras la justificación de los gastos realizados, la subvención quedó reducida en casi 8.000 euros.
Al examinar la documentación, Intervención destaca que “tres cuartas partes (74%) de la subvención se han justificado con gastos realizados a través de empresas vinculadas con el beneficiario”, y que además no consta que Traballo hubiera conocido este hecho con el fin de comprobar que se ajustaran a los precios del mercado y el cumplimiento del principio de eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Ese porcentaje de contratación de servicios con empresas del propio Crespo aumenta si solo se tiene en cuenta la ayuda para realizar el curso, ya que los 47.412,79 euros que se les abonaron representan el 82% de la subvención concedida.
A pesar de que la normativa que regula estas ayudas impide subcontratar la ejecución de los cursos con otras empresas, Intervención detalla que Fundefo usó esa fórmula para disponer de la mayoría del personal docente y que además esas compañías pertenecían al propio Crespo, por lo que de nuevo pone en duda que los precios cobrados se ajusten al mercado. También cita que en los contratos firmados “no figura el coste de la acción ni la forma de pago” y que las facturas presentadas “no adjuntan las nóminas o facturas de cada uno de los docentes contratados por dichas empresas”.
Como muestra de las irregularidades, señala que una de las sociedades de Crespo cobró la hora de formación a 57,14 euros y que la única que no estaba vinculada con él lo hizo a 27 euros, por lo que concluye que el importe facturado por las empresas vinculadas “puede no corresponderse con el coste real” .
Fundefo también contrató con empresas de Crespo los servicios necesarios para el curso, por lo que Intervención sospecha que sus facturas “pudieran estar sobrevaloradas al no constar que el precio en ellas consignado coincida con el coste real”. A esto añade que esas compañías “no poseen personal para realizar la actividad contratado, no poseen los medios técnicos y materiales para prestar el servicio facturado”.
La entidad dijo además que los asistentes al curso realizaron prácticas en dos empresas de Crespo y que justificó los gastos con la ayuda otorgada para los viajes de los alumnos, a pesar de que ya había sido acreditada previamente. Sobre los participantes, un acta del comité de dirección de Fundefo detalla: “Hay que concretar a qué alumnos metemos. Son seis alumnos durante seis meses a jornada completa. Gerardo propone que se meta a alguien de la casa. Habría que dar de baja a estas personas y pagar su nómina en negro. Habría que mandarlos lógicamente al paro. Gerardo propone a José Antonio, pero no es posible porque no está contratado en jornada completa”.
El informe detalla que los alumnos inscritos fueron trece pero que hubo bajas y altas hasta que al final solo eran seis, de los que se ignora si tenían vinculación con las empresas del grupo.
Acerca del control de la Xunta sobre el curso, la Consellería de Presidencia envió al juzgado que investiga el caso una relación de actividades inspectoras realizadas, aunque Intervención resalta que “no consta en dicha documentación el detalle ni el resultado (fichas) de las inspecciones efectuadas”. También pone de manifiesto que el expediente no contiene los certificados de la Dirección Xeral de Formación e Colocación sobre la realización de la actividad subvencionada, el cumplimiento de la finalidad de la subvención y el alcance de las comprobaciones realizadas para proceder al pago de la subvención, requisitos todos que exige la legislación.
Incluso el informe de evaluación de la calidad y eficacia del curso fue impartido por otra empresa del grupo, Azetanet, y, además, facturado por otra, Gecreri. El documento concluye que “la satisfacción personal de los asistentes fue muy elevada” y no menciona los porcentajes de las respuestas de los alumnos descontentos con la actividad, a pesar de que “en ocasiones eran superiores o muy superiores a las respuestas favorables obtenidas”.
