Las previsiones efectuadas por la concejalía de Facenda para este mes hacen que confíe en acabar el año sumando seis meses seguidos de cumplimiento del periodo máximo de pago a proveedores, establecido en treinta días por la legislación. El departamento municipal estima que diciembre concluirá con una cifra en torno a los 19 días, lo que permitirá encadenar seis meses consecutivos por debajo de los treinta, un hito que no se conseguía desde hace dos años y medio. La media anual quedará así establecida en los 26 días, cuando en 2018 fue de 34 y de 40 en 2019, año cuya primera mitad fue gestionada por Marea Atlántica, mientras que la segunda lo fue ya por el PSOE. Otro dato destacado por la concejalía es que los 19,08 días que se alcanzaron en noviembre como periodo medio de pago fue el mejor en casi tres años.

Según Facenda, el inicio de la pandemia tan solo causó “demoras mínimas en los pagos” realizados por el Concello, que fueron de cinco días sobre el máximo de treinta en mayo y de medio día en junio, mientras que en el resto del año no se sobrepasó el límite legal. La concejalía pone de relieve que en abril, pese a que los procedimientos administrativos estaban cerrados a causa del confinamiento, el periodo medio de pago fue de 28 días, cuando el año anterior había sido de 43 y de 42 en ese mes de 2018. “Una administración tiene la obligación de contribuir con sus recursos a la dinamización de la economía local”, declaró el concejal de Facenda, José Manuel Lage.

Retrasos anteriores

El incumplimiento del periodo de pago a proveedores impidió al Gobierno local de Marea Atlántica dedicar en 2018 los 15,1 millones de remanente del presupuesto de 2017 a las denominadas Inversiones Financieramente Sostenibles, ya que en noviembre de 2018 se superó el límite de treinta días. Durante el pasado mandato, BNG, PSOE y PP culparon del retraso en los pagos a la tardanza en la licitación de los contratos de la recogida de residuos y la limpieza viaria.

Marea Atlántica los atribuyó sin embargo a los cambios realizados por el Gobierno central sobre la tramitación de las facturas, que a su juicio originaron “una mayor lentitud” al hacer que se acumulasen antes de que se aprobase su abono por los retrasos que se producían en la salida del recibo del servicio, la fiscalización, la emisión de informes complementarios y la tramitación de reparos, a lo que añadió que había adoptado medidas para solucionar este problema.