El Gobierno local de Francisco Vázquez vulneró en 2004 los derechos de los propietarios de fincas que fueron expropiados para la construcción de los accesos a Pocomaco y el campo de fútbol del Relámpago de Elviña, ya que omitió el deber de informarles de que había terrenos sobrantes de la primera actuación y de que la segunda no se llevaría a cabo, lo que les permitiría recuperar las fincas. El Ejecutivo municipal incorporó esa superficie al polígono residencial de Someso, lo que incrementó notablemente su valor y llevó a los afectados a reclamar una compensación en los tribunales que finalmente obtuvieron.

Estos datos figuran en el informe elaborado en abril de 2019 por el jefe del Servicio de Planeamiento y Gestión del Suelo durante el Gobierno local de Marea Atlántica que forma parte del expediente sobre la revisión de oficio de los acuerdos urbanísticos de Someso, que la Junta de Gobierno Local decidió ayer enviar al Consello Consultivo de Galicia con la propuesta de que no se anulen. Esta iniciativa fue puesta en marcha en 2013 por el entonces portavoz municipal del BNG, Xosé Manuel Carril, quien también reclamó que el Tribunal de Cuentas examinara si había responsabilidades económicas por parte de los cargos públicos que adoptaron aquellos acuerdos.

El informe de Planeamiento se refiere a la venta directa de tres parcelas de propiedad municipal a promotores del polígono y menciona que antes de efectuarla el Concello “no llevó a cabo la obligada depuración física y jurídica de las fincas de titularidad municipal”, que no las había inscrito en Registro de la Propiedad, en el Inventario de Bienes Municipales ni en el Catastro. Sobre los expropiados, señala que estaba “obligado a notificar a los primitivos propietarios” que había terreno sobrante de las obras de Pocomaco y que no se haría el campo de fútbol para que pudieran solicitar la reversión de las fincas en el plazo de tres meses.

Para el entonces responsable de Planeamiento “aún es más grave” que cuando los propietarios presentaron las solicitudes de reversión, estas fueron desestimadas y continuaron los trámites para la venta de las fincas. Esa operación es la única que el informe aprobado ayer por la Junta de Gobierno Local considera como causa para revisar los acuerdos de 2004, que finalmente opta por proponer que no se realice al considerar que perjudicaría tanto a los intereses municipales como a terceras personas.

Según Planeamiento, la venta directa de los terrenos, que sumaban 7.863 metros cuadrados, fue irregular porque debería haberse convocado un concurso abierto. También destaca que podrían haberse agrupado en una sola parcela en lugar de en las tres en las que se dividió esta superficie que le correspondía al Concello en el polígono. Otra de las irregularidades que se cometieron fue que los terrenos no se dedicaron a viviendas protegidas, como exige la legislación.

Coste de la devolución

Una de las razones esgrimidas en este informe, que el actual Gobierno local respalda, para desaconsejar la nulidad de los acuerdos de Someso es el coste que tendría para las arcas municipales, ya que el Concello tendría que devolver el dinero que le abonaron por las tres fincas, pero con su precio actualizado. Una de las fincas fue vendida por 2,6 millones y para recuperarla habría que pagar ahora 4,1 millones si aplicaran los intereses legales o 3,6 si se actualiza con el IPC. Otra parcela, que un juzgado sacó recientemente a subasta, fue vendida por 1,3 millones y ahora vale 2,06 al sumar los intereses y 1,7 de acuerdo con el IPC, de acuerdo con los cálculos efectuados por Planeamiento.

Pero el mayor problema viene dado por la tercera finca, ya que fue edificada y en la misma existe ahora una torre de 16 plantas que ya se encuentra habitada. El informe de Planeamiento ni siquiera se pronuncia sobre el coste que tendría la recuperación de ese terreno, pero sí advierte de que los afectados por esa iniciativa municipal tendrían derecho a exigir compensaciones. El expediente municipal sobre Someso incluye además una tasación de las fincas realizada por una empresa especializada que les otorga un valor un 11,5% más elevado que el estimado por los técnicos del Concello.

“Continuamos la línea marcada por el anterior Gobierno, puesto que la revisión de oficio afectaría a los derechos ya consolidados sobre terrenos propiedad de terceros ajenos al procedimiento”, manifestaron ayer fuentes del Gobierno local en relación con la decisión de no revisar los acuerdos de 2004. Según explicaron refiriéndose al contenido del expediente, la nulidad de esas decisiones “no asegura la reparación del daño causado” y añadieron que el Consello Consultivo “tendrá la última palabra, puesto que es vinculante su apreciación”.

El Partido Popular recordó que su gobierno fue el que inició la investigación de las irregularidades, de las que dijo que costaron millones de euros a todos los coruñeses. Acusó a Inés Rey de “blanquear” la gestión de Vázquez y reclamó la dimisión de Javier Losada como delegado del Gobierno por ser el concejal de Urbanismo que vendió las fincas de forma irregular.

También Marea Atlántica denunció que con esta decisión del Concello se “blanquea” la etapa de Vázquez y que el único argumento utilizado para adoptarla es que “pasó demasiado tiempo para hacer nada” sobre un asunto que calificó de “pelotazo”. Para el BNG, el Gobierno Local “opta por cerrar en falso un nuevo escándalo urbanístico” del mandato de Vázquez y recordó que no promover la revisión de oficio impide exigir responsabilidades patrimoniales a los miembros de aquel gobierno, por lo que considera que el actual Ejecutivo socialista es “incapaz de deshacerse de su pasado vazquista”.

La concejal no adscrita Isabel Faraldo calificó el caso Someso como el “puro estilo vazquista con respecto a la más salvaje de las especulaciones urbanísticas”, por lo que la investigación debería “proseguir hasta sus últimas consecuencias” y exigirse responsabilidades patrimoniales.