Las prestaciones sociales son recursos de ayuda para las personas más necesitadas que en su tramitación contienen procesos que en muchos casos, según las circunstancias personales, dificultan su acceso. Le ocurre también al ingreso mínimo vital (IMV) aprobado por el Gobierno central a mediados del año pasado, una prestación bien recibida por los colectivos vulnerables y las entidades sociales, pero para la que demandan más facilidades, y sobre todo agilidad, en su administración.

Inciden en ello representantes de agrupaciones sociales de la ciudad que ofrecen apoyo y asesoramiento a los solicitantes de ayudas, quienes piden criterios menos ambiguos, coordinación entre administraciones y una mejor comunicación con los beneficiarios (presencial o telemática) para que las trabas que habitualmente existen no agraven su delicada situación.

La aprobación del IMV supone además un indeseado contratiempo para aquellas personas en situación vulnerable con hijos a su cargo, ya que el Estado ha integrado esta asistencia en las solicitudes de ingreso mínimo virtual, de manera que ahora quedan supeditadas a que previamente una familia pase a ser perceptora del IMV. En este nuevo sistema ha establecido un umbral de ingresos anuales inferior, y por tanto más exigente, al que antes existía, cuando no había IMV. De ello alertan también las entidades, de un “peligroso incremento de la pobreza”, dado que antes, por ejemplo, el umbral de renta para una pareja con hijo era de 12.424 euros anuales y ahora se rebaja a 8.860.

Tan rápidos son los tiempos de la escasez o la pobreza como lenta es muchas veces la tramitación de las solicitudes de ayudas para hacer frente al estado de precariedad. “Pasan de tres a seis meses entre que se empieza a pedir una prestación y se concede, y si se sigue más de un trámite nos ponemos en un año”, advierte Pablo Sánchez, trabajador social de la Cocina Económica, quien apunta además la “injusticia” de algunas resoluciones por “no atender al momento presente sino al año fiscal anterior”. “Si una persona ha trabajado en 2019 o ha cobrado paro, pero no lo ha hecho en 2020 y pide el ingreso mínimo vital, se le concede según su situación del año anterior y puede llegar a cobrar solo 30 euros al mes. No se debe tomar como referencia ese año sino la situación actual del solicitante”, pone como ejemplo.

Sonia Valbuena, directora del Comité Antisida de A Coruña (Casco), protesta por la tardanza en los procesos necesarios para obtener el IMV y por los errores técnicos del sistema de petición de ayudas: “Puedes esperar tres meses para que te den una cita previa o para hablar con un trabajador social. Solicitas el padrón o la vida laboral y no lo obtienes con rapidez. Las citas previas en Extranjería se venden incluso o no te la dan para prorrogar la residencia. Se te cuelga la página web, nadie te contesta al teléfono o lo hace una máquina. Los medios telemáticos están en pañales... Y mientras, tu situación va a peor”. Valbuena añade que ninguno de los usuarios de Casco que ha solicitado IMV la ha recibido hasta ahora.

Pilar Farjas, directora de Cáritas A Coruña, lamenta que la administración de ayudas no tenga en cuenta “las realidades que están detrás” de cada petición. “El ingreso mínimo es un recurso positivo, pero sin agilidad no funciona bien. Su procedimiento es farragoso y los requisitos no consideran situaciones como la falta de acceso de personas vulnerables a internet, o la situación irregular de los demandantes, o el hecho de que tengan cuentas embargadas”, repasa Farjas, que alerta de que el cambio de criterio en las rentas para las prestaciones a las familias vulnerables con hijos va a “reducir candidatos”.

“Los requisitos no pueden ser barreras, deben ser facilitadores de situaciones vulnerables”, sostiene Lorena Álvarez, trabajadora social de Ecos do Sur. Cree que la solicitud de una o más ayudas genera muchas veces “embudos” en la administración que acaban “penalizando” a los demandantes, bien por recibir dos prestaciones al mismo tiempo cuando han utilizado más de una vía para tratar de obtener recursos o porque la tardanza en las resoluciones prolonga una difícil situación. “Sube el alquiler, sube la cesta de la compra, se piden ingresos más bajos para acceder a ayudas... No sé hasta qué extremos vamos a llegar. La tercera edad y sobre todo la infancia van a ser los más afectados”, resume Álvarez, en sintonía con otros representantes de entidades sociales locales.