Marea Atlántica considera que, a pesar de la sentencia judicial que falla a favor del Estado en el pago de 1,2 millones de euros para que la antigua prisión provincial pueda ser de titularidad municipal, hay otras opciones, como el diálogo con el Ministerio del Interior y también con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios para revertir la titularidad del penal, de modo que no se asuma el pago “directamente” de esa compensación. La formación considera importante también hablar de la protección del edificio, de su rehabilitación y conservación. La inversión estimada para reparar el edificio asciende a unos treinta millones de euros.

Marea Atlántica critica, además, que el Gobierno local haya renunciado a elaborar unos presupuestos para 2021 en los que poder dar cabida a estas cuestiones.

La concejal no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo, también considera que el Concello tiene que ser “contundente” a la hora de reclamar al Estado el coste de la rehabilitación del inmueble, toda vez que lo dejó deteriorarse, siendo su propietario, y también que el futuro del edificio sea de equipamiento público.