La demolición parcial de un edificio de viviendas de la calle Santo Tomás, el número 49-51, sufre un nuevo retraso. La actuación está pendiente desde 2018, cuando, tras una sentencia judicial, se adjudicó una asistencia para la redacción del proyecto básico y de ejecución del derribo de sus dos plantas superiores, la quinta y el bajo cubierta. El concurso para ejecutar las obras de demolición se puso en marcha en 2019 y aún no está resuelto. Y ahora el área municipal de Edificación acaba de aprobar la anulación del proceso de contratación por la obligación de realizar antes unos trabajos de consolidación y refuerzo estructural del inmueble.
Un informe del Concello sobre el estado de la estructura del edificio iniciado ya en 2019 recoge que sus daños son “generalizados”, con algunos elementos apenas castigados pero otros con deficiencias “bastante visibles y evidentes”. “Es un mal propio de su edad y de los sistemas constructivos empleados y los materiales con los que fue ejecutada la estructura del edificio”, señala el informe, que concluye que “es necesario realizar una reparación o rehabilitación de esos hormigones”.
Para ello tendrá que disponerse “inmediatamente” el apeo de uno de los pilares “en tanto no se lleve a cabo la citada reparación estructural”. Ante esta situación, Edificación se apoya en criterios técnicos para proponer la suspensión de la licitación del derribo.
El conflicto urbanístico que afecta a este inmueble de Monte Alto explota en junio de 2016, cuando un juzgado de lo Contencioso-administrativo dictó la demolición de las obras realizadas para ampliar las dos plantas más altas y la instalación de un ascensor, trabajos que amparaba una licencia municipal de 2008 y que otra sentencia judicial de 2012 ordenó anular. El promotor de las obras de ampliación reclamó hace un año y medio una indemnización por responsabilidad patrimonial a consecuencia de la declaración de ilegalidad de los permisos.
En 2018 se adjudicó la asistencia técnica para la redacción del proyecto de derribo, que se entregó al Concello a mediados de 2019. Poco después, Rehabilitación e Vivenda redactó un informe que contenía observaciones que el departamento pedía subsanar. Ahora se ordena la reparación de las estructuras del edificio antes de retomar la licitación de la demolición. La superficie total del edificio es de 1.386 metros cuadrados y el volumen afectado por el derribo es de 346 metros cuadrados, según consta en el proyecto técnico.
