¿Es posible salvar del derribo el edificio Citroën? Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del pasado mes de septiembre da vía libre a los propietarios del antiguo inmueble del concesionario de Citroën en A Gaiteira para demolerlo. Tras conocer el fallo judicial, el Ayuntamiento afirmó que buscaría alternativas legales para impedir el derribo, ya que considera que el edificio es un elemento de valor arquitectónico que debe figurar en el catálogo de protección patrimonial del plan general de la ciudad, al igual que otros nueve inmuebles. Tras un primer contacto con los dueños a finales del año pasado en el que estos pusieron de manifiesto la intención de llevar la sentencia a su ejecución, las conversaciones con el Gobierno local, que descartó recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, no han tenido avances.

Desde el Ayuntamiento aseguran que dichas conversaciones con los dueños, que son cuatro, no están finalizadas, sin concretar qué salidas hay sobre la mesa, pero otras fuentes próximas al asunto apuntan que están muy estancadas. Si se cumple el deseo que los propietarios han defendido en los tribunales de demoler, el desenlace sería la desaparición del singular edificio del cruce de la ronda de Outeiro con la avenida de Oza, diseñado por el arquitecto Andrés Fernández-Albalat por iniciativa del empresario Luis Rodríguez Amado y construido en 1966.

A comienzos de octubre pasado el Gobierno local informó en una respuesta al BNG de que preveía tramitar por separado la catalogación del edificio Citroën para intentar protegerlo y evitar así su demolición. Con esta vía, el Concello pretendía cerrar su protección sin necesidad de aprobar la del plan general. Al terminar 2020 acabó el plazo de dos años en el que se paralizaron las licencias para impedir que los propietarios de los inmuebles realizasen algún tipo de obra en ellos, como estipula el procedimiento para incluirlos en el Catálogo de Edificios Protegidos del planeamiento municipal.

El edificio Citroën figuraba en la versión inicial del catálogo de elementos protegidos del plan general hasta que en 2012 el Gobierno del PP lo retiró tras recibir una alegación de los dueños. Un mes después, y en contra de la opinión del equipo redactor del PGOM, el Ejecutivo local concedió la primera licencia de demolición. Caducó en 2016, con Marea Atlántica en María Pita, ya que los propietarios tenían un plazo para completar el derribo que no llevaron a cabo. Una semana después de que la autorización expirase solicitaron otra y se le concedió de nuevo. Pero el área de Rexeneración Urbana inició en ese momento gestiones para preservar el inmueble a través de la ampliación del catálogo del plan general. Ese intento del Gobierno de Marea de anular su propia decisión no sirvió para proteger el antiguo concesionario. “El Concello parece pretender proteger y demoler simultáneamente el edificio”, señalaba la jueza en la sentencia de 2018 que recurrió el anterior Ejecutivo ante el Superior, tribunal que desestimó el recurso del Ayuntamiento y ratificó el fallo que ordena el derribo.

Mientras la demolición del inmueble estaba paralizada por el desarrollo del pleito en los tribunales, un juzgado de A Coruña sacó por segunda vez a subasta pública una cuarta parte del edificio con el fin de satisfacer una deuda de 775.840 euros. El proceso se había iniciado en 2017, pero se interrumpió por las alegaciones de dos de sus dueños. El valor de la puja fue de 4,23 millones de euros y no hubo ofertas.