El debate sobre el sistema tributario español se agudiza estos días por la reclamación que el sector de la peluquería y la estética visibilizó ayer a las puertas de las Delegaciones del Gobierno de multitud de localidades de España. Piden la rebaja del IVA al 21% que asumen desde el año 2012 a un 10%.

Apelan a la grave crisis que vive el sector, que trabaja al 50% del aforo desde el inicio de la pandemia, que ha incrementado los gastos en material desechable y reducido en mucho los impuestos. “El IVA lo asumimos los locales, no lo paga el cliente. No estamos como para subir los precios y perder clientes”, reclama una de las portavoces coruñesas de la plataforma ¡Creer en Nosotros!, que el gremio configuró el año pasado para cristalizar sus reclamaciones de forma organizada.

El Gobierno, por el momento, descarta aplicar la reducción en las tasas que demanda el sector. Así lo ha expresado en la respuesta a la pregunta escrita que formuló el senador del PP por A Coruña, Miguel Lorenzo. El Ejecutivo central alega que, pese a que la normativa reguladora sobre el IVA sí prevé tipos reducidos para ciertos supuestos, en los que se incluye el gremio de la peluquería y la estética, no está en las previsiones gubernamentales modificar el gravamen. La razón que esgrime remite al “compromiso” que los Estados miembros y la Comisión Europea han asumido para “limitar la aplicación de tipos reducidos en sus estructuras tributarias”. Agrupaciones como el BNG o Compromís presentaron sendas enmiendas a los presupuestos Generales del Estado en lo relativo a esta cuestión. Estando todavía en la oposición, el PSOE presentó, en 2018, una proposición no de ley para instar al Gobierno de Mariano Rajoy a bajar de nuevo el impuesto al sector.