El servicio municipal de recogida de residuos cumple este mes cuatro años de actividad en precario, ya que el anterior contrato por el que se regía esta actividad caducó en enero de 2017. A pesar de que el concurso que se convocó en julio de 2018 se adjudicó por segunda vez el pasado octubre, tras haberse anulado la adjudicación realizada en febrero, por el momento no es posible formalizar el contrato porque una de las empresas participantes recurrió su exclusión ante el Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia (Tacgal).
A esto se une que otra de las concursantes llevó la adjudicación del concurso a los juzgados, aunque esta iniciativa no paraliza la puesta en marcha del contrato. El servicio salió a licitación con un importe de 11,9 millones de euros por cada uno de los ocho años durante los que se prestará.
A la espera de que el Tacgal resuelva sobre la petición efectuada por Valoriza y Arias Infraestructura, cuya oferta fue descartada por contener un error en la propuesta económica que el Concello consideró no subsanable, Cespa continúa prestando el servicio, ya que fue la empresa que ganó el contrato en el año 2008.
Pero también es la ganadora en principio del concurso para elegir a la nueva concesionaria pese a que inicialmente fue la tercera clasificada de acuerdo con la puntuación recibida, pero la decisión de la mesa de contratación de apartar tanto a la oferta de Copasa-Geseco-Setec Building como a la de Valoriza-Arias Infraestructuras la dejó finalmente como la mejor valorada, con una propuesta económica de 11,5 millones por año.
Tras su salida del concurso, Copasa optó por recurrir la adjudicación a Cespa ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al considerar que en su propuesta técnica había irregularidades que a su juicio eran motivo para su exclusión del concurso. Entre ellas citó que Cespa supuestamente modificó el horario fijado por las bases del concurso para la recogida de vidrio puerta a puerta en la zona de máxima concentración hostelera en el centro y que además ofertó una parcela para situar sus instalaciones que no cumple las condiciones exigidas por el concurso.
El fallo sobre este recurso aún tardará en llegar, pero su admisión por el tribunal no afecta a la adjudicación del contrato. Si finalmente el Superior anula la adjudicación que pueda realizar el Concello mientras se resuelve el recurso, habrá que analizar la sentencia para determinar cómo puede modificar la decisión que se haya adoptado.
El concurso de la basura contrato fue dividido por el Gobierno local de Marea Atlántica en dos lotes, uno para el suministro de los nuevos contenedores y su mantenimiento y otro para la recogida y transporte de los residuos, aunque hizo posible optar a ambos de forma conjunta. o por separado.
Las empresas Valoriza, Plastic Omnium y Arias Infraestructuras ganaron el contrato para proporcionar los contenedores y encargarse de su mantenimiento, pero con la recogida de la basura hubo problemas de todos los tipos durante la licitación, que hoy en día persisten.
El primer contratiempo surgió porque una de las concursantes, FCC-Ingeser Atlántica, incluyó su oferta una parcela para situar su parque de maquinaria en la que la Concejalía de Medio Ambiente señaló que “solo se pueden autorizar usos y obras provisionales”, mientras que el jefe de Planeamiento advirtió que es suelo rústico de especial protección del paisaje y que, aunque forma parte del futuro polígono urbanístico de Penamoa y será urbanizable, “no se pueden realizar construcciones hasta que se apruebe la ordenación detallada”.
Pero la mesa de contratación desoyó esas advertencias y acordó que el terreno tendría que estar adaptado a la legalidad urbanística no durante la licitación, sino en el momento en que entrase en vigor el contrato, por lo que FCC no solo permaneció en el concurso sino que además fue la oferta mejor valorada, seguida de la liderada por Copasa. Cepsa se colocó en tercera posición y Valoriza a continuación.
Copasa recurrió entonces ante el Tacgal la permanencia de FCC en el concurso y Cespa lo hizo por la propuesta técnica de Copasa, que consideraba irregular. El Tribunal de Contratación finalmente anuló la adjudicación de la primera clasificada, producida en julio de 2019, y ordenó su salida del concurso al entender que todos los medios necesarios para desarrollar el contrato “deben estar acreditados para la adjudicación”. En diciembre de ese año se anuló finalmente el otorgamiento del contrato a FCC e Ingeser Atlántica.
Capacidad de los camiones
Cespa recurrió porque el concurso establecía que los camiones para recoger la basura en las calles más estrechas del centro deben tener una capacidad máxima de tres metros cúbicos, pero Copasa solicitó que fueran mayores y la mesa de contratación lo admitió. Para la recurrente, esta decisión infringía las bases y por ello reclamó la exclusión de Copasa. El tribunal ordenó que la mesa de contratación se pronunciase sobre esta cuestión técnica y finalmente un informe del Servizo de Medio Ambiente determinó que esa propuesta debía ser retirada del concurso.
Así fue como Cespa acabó por convertirse en la oferta mejor puntuada, tras haber sido eliminadas las dos que la superaban al valorarse las propuestas técnicas y económicas. El Gobierno local le adjudicó el contrato en febrero de 2020, pero Valoriza y Arias Infraestructuras recurrieron al Tacgal y hubo que esperar hasta octubre para que se efectuase la adjudicación definitiva. Cuando todo hacía pensar que el contrato tenía un ganador en firme, las dos empresas que integran esa propuesta volvieron a recurrir, lo que mantiene el concurso aún sin resolver.
