El Gobierno local llevará mañana a una sesión plenaria extraordinaria la aprobación de la firma del convenio que establece los compromisos y obligaciones del Concello y de la Xunta en la ampliación de las instalaciones del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC) y sus accesos.

Si bien en el convenio se establece que, “en la medida de lo posible”, la ampliación se hará “minimizando la afectación a viviendas de modo compatible con la funcionalidad del hospital”, tanto en los pliegos de licitación como en el texto que irá a pleno mañana se recoge que el crecimiento de las instalaciones se situará en los terrenos que se encuentran en la zona sur-oeste, en un polígono que, según fuentes municipales, está sin desarrollar en el plan general y que no afectaría a la viviendas ya existentes, porque se encuentra más abajo, donde la escuela infantil Golfiño.

A pesar de este párrafo, será finalmente la empresa que gane el concurso del diseño de la ampliación del hospital la que decida qué parcelas y viviendas se salvan y cuáles son absorbidas por el proyecto. Y es que, a pesar de que el crecimiento de las instalaciones se haga hacia el suroeste, ya en el plan de movilidad se recoge la posibilidad de que los vecinos que sean expropiados puedan realojarse en unas viviendas construidas por la Administración en el mismo ámbito.

El documento, que recibió el visto bueno de la Xunta y del Gobierno local ayer pasadas las ocho de la noche y que sirvió para convocar formalmente el pleno extraordinario de mañana, recoge en los anexos que el Concello hará una aportación de 26,34 millones de euros. La diferencia con los 22,2 millones que establecía el borrador radica en que aparecen valorados dos conceptos que antes se le imputaban a las arcas municipales, pero no recogían su precio. En el anexo de inversiones consta, ahora, que doce millones serán para adquisición de suelo, para la construcción de las nuevas instalaciones sanitarias mediante expropiación, en las anualidades, de 2022 a 2024; para la construcción de viarios, que pasarán a ser de titularidad municipal, una partida estimada de 10,22 millones —en las anualidades de 2023 a 2026—; la puesta a disposición de la Xunta de una finca municipal de 8.000 metros cuadrados —que antes no aparecía valorada— se cifra en 2,32 millones de euros, que tendrá que ser cedida al Sergas ya durante este año; y, por último, una partida de 1,8 millones de euros, que es la estimación de dotar de servicios públicos, como agua, luz, telefonía, gas o alumbrado a las nuevas instalaciones, que se irán realizando a medida que se vayan realizando las obras.

Ni el borrador inicial ni el que se someterá a la votación del Pleno calculan el coste para las arcas municipales de las exenciones de las tasas e impuestos municipales, como el IBI, “durante toda la vida útil del hospital”, por lo que la aportación que hará el Concello será superior a la que marca la redacción final del acuerdo. En las obligaciones de la Xunta, consta una inversión de 431 millones de euros, que comenzará a ejecutarse ya en este ejercicio. En 13,08 millones de euros está valorada la realización de las obras de la llamada Fase 0, que es la última del plan director antiguo y que cuenta ya con licencia municipal. Entre otras obras, se ampliarán las salas de la Unidad de Cuidados Intensivos de la sexta planta.

Para la redacción de los trámites urbanísticos y de los proyectos básicos y de ejecución se reserva una partida de 7,45 millones de euros, que se ejecutará entre este año y hasta 2023. Las asistencias técnicas para la realización de las obras por fases, que también se incluyen en este apartado, se abonarán entre 2022 y 2027. Para trabajos previos y demoliciones se estima un coste de 10,46 millones de euros, a ejecutar entre el año que viene y el siguiente; y para urbanización y accesibilidad se destinan 33,4 millones de euros, que se desarrollarán entre 2023 y 2026.

Para equipamientos e instalaciones tecnológicas, la Xunta prevé un desembolso de cien millones de euros, que se empezarán a ejecutar ya desde este año. La partida más cuantiosa del convenio es la que corresponde a la ejecución de las obras, con un presupuesto de 264 millones de euros, que se empezarán a invertir a partir del año 2023. Para aparcamientos disuasorios, el convenio prevé una partida de tres millones de euros, a ejecutar entre el año que viene y el siguiente.

Tanto la alcaldesa, Inés Rey, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguraron que firmarían el convenio antes de que se acabase este mes, para darle un marco legal a las actuaciones proyectadas. La redacción del convenio mantuvo enfrentados a Xunta y Concello durante meses, ya que el borrador no incluía las aportaciones que haría el Ejecutivo gallego y no ponía precio tampoco a obligaciones que se le imponían a las arcas municipales, como poner a disposición de la obra una parcela de más de 8.000 metros cuadrados, o que renunciase al cobro de tasas y de impuestos. Para entonces, cifraba en 22,2 millones de euros la aportación máxima del Concello al nuevo proyecto. El portavoz municipal, José Manuel Lage, llegó a decir de la redacción de este texto que “rozaba la ilegalidad”. basándose en los informes emitidos por el secretario del Concello, que apuntaban a que la aportación municipal era “desproporcionada”.

En el pliego de condiciones de la redacción de la obra consta que se primarán las ofertas que incluyan la construcción por fases, para que los módulos que se acaben puedan entrar en funcionamiento inmediatamente.