La Unidad de Intervención Policial de la Policía Nacional llevó a cabo ayer por la mañana un desalojo de dos pisos usados como academia de estudios que estaban ocupados ilegalmente desde el mes de mayo en el número 192 de la avenida Fisterra, del que salieron a la fuerza nueve personas. Una de ellas fue detenida, según fuentes policiales por estar buscada por la Justicia; el resto se alejaron del lugar con algunas pertenencias y hoy volverán a recoger otras bajo vigilancia policial.
La ocupación de la academia fue denunciada por el profesor responsable de la misma y por el propietario de los pisos en agosto pasado y hasta esta semana no se emitió la orden judicial que dio como resultado el desalojo. Tres vehículos policiales irrumpieron en la zona cerca de las once de la mañana, en el cruce con la ronda de Nelle, para proceder a sacar a los ocupantes, todos ellos jóvenes, según el dueño.
La misma fuente contaba que, aprovechando el cierre de la academia de clases particulares por el confinamiento del primer estado de alarma de la pandemia, los pisos comenzaron a ser ocupados primero por cuatro personas y han llegado a juntarse una docena con el paso de los meses, no siempre las mismas. Tanto el propietario como el docente al que impedían el paso para realizar su trabajo reclamaron repetidas veces a los ocupas que abandonasen el edificio, a lo que ellos, en actitud desafiante y con insultos y amenazas, según el dueño, se negaron. En los últimos meses también hubo daños en el portal y quejas de otros vecinos.
En los pisos, que en total suman unos 200 metros cuadrados de superficie, los ocupantes tapaban las ventanas con papeles y mantas y utilizaban pupitres como somieres sobre los que colocar colchones para dormir. Los agentes encontraron televisiones, sillones, alimentos, ropas, productos de limpieza, una bicicleta y básculas electrónicas. También había dos perros.
El titular de los pisos apunta que al comienzo de la pandemia otra persona accedió a otro piso de su propiedad en el mismo edificio que acababa de ser rehabilitado, pero a los pocos días consiguió expulsarlo. “La ocupación es una lacra que padecemos muchos propietarios de viviendas de rentas bajas y que nos deja indefensos. Pagamos impuestos, hacemos reformas y se nos entra en casa sin que la ley nos proteja”, protesta.
El desalojo de ayer sucede a otro que se produjo a finales de octubre en la calle Doctor Fleming, en A Falperra, donde los vecinos denunciaban desde hacía meses la presencia de ocupas en dos inmuebles completos que tenían atemorizado al barrio por su comportamiento violento. El 091 intervino con una docena de vehículos y veinte agentes en una operación en la que se desalojaron a trece personas de uno de los edificios, entre ellas una menor. Entidades sociales explican que las personas que ocupan viviendas en unas zonas y son desalojadas suelen cambiar de barrio e instalarse de forma ilegal en otros pisos vacíos.
