Las irregularidades en el funcionamiento del complejo deportivo de San Diego, gestionado por la empresa Sidecu, denunciadas por trabajadores y usuarios están siendo investigadas por el Concello, la Consellería de Sanidade y la Inspección de Trabajo, según informó el jueves la concejala de Deportes, Mónica Martínez, durante el pleno municipal. La edil respondió así a las preguntas efectuadas en el escaño ciudadano por Juan Vicente Montero, exrepresentante sindical de los empleados, quien afirmó que los responsables de la concesionaria “se creen dueños y señores de una instalación municipal” y que desde el inicio del estado de alarma “la empresa ha hecho lo que le ha dado la gana”.

Frente a estas acusaciones, Sidecu contestó a este periódico que “cumple escrupulosamente toda la normativa y la legalidad vigente en todos los ámbitos” y no tiene constancia “de irregularidad alguna” que le haya sido comunicada por la Inspección de Trabajo o la Consellería de Sanidade. Acerca de los expedientes que fueron incoados por el Concello, detalló que ya presentó alegaciones, en las que deja “patente” que sus actuaciones en la instalación polideportiva “son correctas y ajustadas a la normativa”.

Sidecu Gestión obtuvo la gestión del complejo de San Diego en el año 2000 y su concesión concluyó el pasado mayo, aunque el Gobierno local prorrogó su contrato para permitir la licitación de uno nuevo. La empresa presentó en julio una solicitud de compensación por el cierre del pabellón del 13 de marzo al 8 de junio y por la reducción de su uso a causa de las restricciones. Pero el Gobierno local rechazó su petición y optó por compensarle las pérdidas prolongando su gestión hasta el 25 de mayo. La disconformidad de la concesionaria con esta solución la llevó a presentar un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1.

Juan Vicente Montero detalló en el pleno del jueves que durante la pandemia el servicio del polideportivo se ha reducido y que se han producido “múltiples quejas” de los usuarios por esta razón y por el “nulo mantenimiento” del recinto y la disminución del número de trabajadores a menos de treinta sobre los 65 anteriores y que se contrata a nuevo personal pese a que hay empleados sometidos a regulación temporal total o parcial. El exdelegado sindical mencionó que la sala de fitness se mantiene abierta sin la presencia de un monitor y que no hay socorristas durante todo el horario de funcionamiento.

Montero informó que puso estos hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo y de la Consellería de Sanidade, pero dijo que la empresa “hace caso omiso de las inspecciones” y que “le importa poco esta instalación”, hasta el punto que considera que “la está dejando hundirse”.

La concejala de Deportes le respondió que su departamento abrió un expediente a raíz de estas denuncias y las quejas de los usuarios y que inspeccionó el polideportivo. También las puso en conocimiento de la Inspección de Trabajo y la Consellería de Sanidade, pero todavía no recibió notificaciones de ambos organismos en relación con este asunto. Martínez reconoció que “puede que la empresa no esté pasando su mejor momento”, en alusión a las dificultades causadas por la pandemia, pero advirtió que “eso no la exime de cumplir sus obligaciones con los trabajadores”.

El Gobierno local sopesó que el complejo de San Diego tuviese gestión directa municipal, pero lo descartó y prevé convocar un nuevo concurso. Sidecu declaró a este periódico que cuando se licite el contrato, lo estudiará “con atención” porque dice ser el “operador líder” en España en este sector.