El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha iniciado los trámites para prorrogar la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de dragado de la ría de O Burgo, ya que el documento expira en el mes de septiembre de 2022 y, según los pliegos del contrato, las obras no estarán acabadas para entonces, ya que prevé una ejecución de 26 meses y un presupuesto de 48,6 millones de euros.

Estas cifras podrán rebajarse a partir del 29 de abril, cuando está prevista la apertura del último sobre de las propuestas recibidas. Y es que, las empresas que se presenten al concurso podrán mejorar no solo el precio máximo de licitación sino también los plazos en los que pueden acometer las obras. El plazo de recepción de ofertas estará abierto hasta el 2 de marzo.

El delegado del Gobierno, Javier, Losada, dijo, en la presentación de la licitación, que las obras de regeneración del estuario empezarían “sí o sí” este año. En el cronograma adjunto al proyecto, el grueso de las obras se concentra en el año 2023, cuando se ejecutará más de la mitad del presupuesto, eso implica que, de no renovar la prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental, la gran mayoría de las operaciones se realizarían con el documento ya caducado. La Declaración de Impacto Ambiental tiene una vigencia de cinco años y fue aprobada en septiembre de 2017, aunque no fue hasta el año pasado cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y la Xunta consiguieron desbloquear el proyecto para que el Estado lo licitase.

Durante varios meses mantuvieron una disputa sobre la disponibilidad de los terrenos. Finalmente, los servicios jurídicos de ambas administraciones consiguieron llegar a un acuerdo por el que la Xunta suspendería los planes de explotación de los mariscadores en cuanto las obras estuviesen adjudicadas.

El Ministerio para la Transición Ecológica licitó en los primeros días de este año el proyecto, que contará con cofinanciación europea, que se hará cargo de hasta el 80% del precio total de las obras.

Los mariscadores se quejan de que quedan pocos meses para que se adjudique el dragado de las obras y que, por ahora, no hay aprobado ningún plan social que compense las pérdidas con las que tendrán que convivir hasta que se acaben las obras, ya que no podrán faenar durante el tiempo que duren las labores de regeneración del estuario. Los afectados solicitan que, como en la disputa por la disponibilidad de los terrenos, sean los servicios jurídicos quienes decidan sobre sus ayudas.