La justicia, como muchos otros ámbitos, vio modificados sus ritmos y procesos con la irrupción del coronavirus. El primer estado de alarma hace casi un año se convirtió en un factor inesperado que atascó todavía más la ya saturada dinámica judicial gallega, con la demora de juicios, la acumulación de expedientes y sobrecarga de trabajo para abogados, jueces, funcionarios… La justicia gratuita tampoco esquivó la pandemia y aunque el turno de oficio sufrió una paralización de procedimientos entre marzo y mayo y ralentizó su funcionamiento, fue recuperando el ritmo habitual con el comienzo del verano. Una comparación con el año anterior en el partido judicial de A Coruña y en los adscritos de Betanzos, Carballo, Ribeira, Corcubión, Noia y Muros refleja un descenso de asistencias jurídicas a detenidos del 29,4% y a víctimas de violencia de género, del 8,7%. Los expedientes también cayeron, un 25%.
Según datos del Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, entre el 14 de marzo de 2020 y el pasado 31 de enero hubo 2.300 asistencias jurídicas gratuitas a personas detenidas por cometer un delito, frente a las 3.261 sumadas entre ambas fechas un año antes. El mismo servicio prestado a víctimas de violencia machista bajó de 1.232 a 1.124. Como resultado del asesoramiento a los ciudadanos implicados en un asunto penal se abrieron 6.689 expedientes judiciales, 2.226 menos que entre marzo de 2019 y el último día de enero de 2020.
El COVID, con el confinamiento y las restricciones que se sucedieron desde marzo del año pasado, trajo consigo algunos cambios en el desarrollo del servicio público del turno de oficio. En los dos primeros meses del estado de alarma se suspendieron los actos presenciales en los juzgados de guardia o de instrucción y se tuvo que consensuar el recurso de la asistencia telefónica o por otro sistema telemático en la mayoría de los casos.
Esta vía alternativa, aunque está recogida en la ley de enjuiciamiento criminal, trae como consecuencia que el detenido o investigado se vea privado del derecho a la confidencialidad con su abogado, según apunta el letrado procesalista Diego José García García, especializado en Derecho Civil y Penal y con más de diez años de experiencia en el turno de oficio.
En ese periodo en el que no hubo servicio presencial el arrestado en un centro de detención (Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local) tuvo que comunicarse a distancia con el abogado asignado del turno de oficio y en presencia de un agente de seguridad, con lo que quedó vulnerado su derecho a información reservada con su asistente legal, apunta García.
Desde el pasado verano el turno de oficio ha recuperado su normal funcionamiento, si bien el Colegio de Abogados de A Coruña ha hecho circular pautas actualizadas para la prestación del servicio durante la crisis sanitaria con el fin de “amparar a los abogados en caso de conflicto entre la protección de su salud y los requerimientos de los órganos judiciales o centros de detención que soliciten su presencia física con riesgo para el letrado”, según señala una circular.
En las asistencias de modo presencial debe guardarse la distancia de seguridad de al menos dos metros entre los intervinientes; la estancia ha de ser amplia y estar ventilada; y los participantes han de estar provistos de mascarilla y disponer de gel hidroalcohólico. La necesidad de firma para confirmar presencias o autorizar diligencias se ha eliminado, aunque se recomienda que cada abogado de guardia lleve su propio bolígrafo.
Pero las condiciones que presentan los centros de detención e incluso los juzgados de la calle Monforte no son las idóneas, advierte Beatriz Núñez, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. “Se limpian las salas entre las vistas, pero apenas hay ventilación en esas dependencias. Lo mismo ocurre en los calabozos del 091, 092 o Guardia Civil. No son las condiciones adecuadas para evitar posibles contagios de coronavirus”, señala.
El Colegio de Abogados ha solicitado a la Xunta la inclusión del personal de la administración de Justicia, entre los que incluye a los abogados adscritos al servicio de turno de oficio, así como jueces, fiscales y funcionarios y cuerpos y fuerzas de seguridad, en la vacunación preferencial, una vez que sean vacunados los grupos de población prioritarios según los protocolos establecidos.
Un mes de declaraciones, reconocimientos y juicios rápidos
Cuatro servicios en una guardia en el juzgado de instrucción, uno en el juzgado de guardia, otro en la Policía Nacional, sin asistencias en otra guardia. Del 17 de diciembre de 2020 al pasado 25 de enero, Alba Campos ejerció el turno de oficio en las guardias asignadas. Solo en una no recibió llamadas; en otra en cambio asistió a una rueda de reconocimiento que al final se suspendió, asesoró por videoconferencia a un detenido en un centro penitenciario, atendió en su declaración a un investigado por no comparecer en un juicio como testigo y asistió a un detenido por posible delito de lesiones imprudente. Esta abogada especializada en Derecho Laboral, que ejerce el turno de oficio desde hace cinco años, completó sus últimas guardias con un juicio rápido por delito de conducción sin permiso y con un aviso de la Unidad de Familia y Mujer del 091 para asistir a un detenido acusado de denuncia falsa. Según el Colegio de Abogados de A Coruña unos 900 abogados de la ciudad y los colegios adscritos practican el servicio de justicia gratuita.
