El protocolo firmado en 2018 por Xunta, Autoridad Portuaria, Ministerio de Fomento y Puertos del Estado para que la primera de esas administraciones adquiriese terrenos de los muelles con el fin de solventar la deuda del Puerto continúa teniendo vigencia, según el informe encargado por el Concello a la Universidade da Coruña, que incluye una propuesta similar en la propuesta de protocolo que figura en ese documento, a pesar del rotundo rechazo que generó entre todos los partidos de la Corporación municipal excepto el PP.
Entre los compromisos que tendría la administración autonómica en el protocolo propuesto ahora, que sería la antesala de un posterior convenio, aparece la “autorización para la adquisición, en su caso, de los terrenos de la Zona 1 en régimen de condominio con la Autoridad Portuaria (y con el resto de Administraciones Públicas que se adhieran”, en referencia a los muelles de la Batería y Calvo Sotelo.
El documento añade que el objetivo de esa compra sería la “gestión y explotación bajo titularidad pública de dicha zona”. La propuesta es la misma que lanzó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en abril de 2018, cuando sin previo aviso suscribió un protocolo con el Puerto y la administración central para la adquisición del 51% del valor de los muelles de la Batería y Calvo Sotelo mediante una aportación máxima de 20 millones de euros.
La iniciativa tenía por objetivo final la obtención de 30 millones de euros que el Puerto necesita este mismo año para hacer frente a la devolución de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones y de Puertos del Estado, e incluía el mantenimiento del carácter público del complejo deportivo La Solana —aunque conservando la actividad de la empresa Metropolitan, que lo explotará en principio hasta 2027— pero preveía también la venta del hotel Finisterre.
El protocolo, que consideraba vigentes los acuerdos de 2004 para la financiación del puerto exterior mediante la venta de terrenos portuarios, dejaba aplazada la cuestión del futuro del muelle de San Diego porque las concesiones de las empresas allí sentadas tienen vigencia hasta 2027. Pero, aun así, la Xunta se comprometía a adquirir en esos terrenos mediante la adjudicación directa de edificabilidad a través de un “contrato de compraventa de cosa futura”.
El texto establecía además el compromiso de Puertos del Estado y Adif de financiar la construcción del enlace ferroviario del puerto exterior, cuyo coste se estima en 140 millones de euros. Pero posteriormente Adif aclaró que nadie se puso en contacto con el organismo para adoptar esa decisión. Las administraciones firmantes de este acuerdo invitaron a sumarse al mismo al Concello, entonces gobernado por Marea Atlántica, y la Diputación, dirigida por PSOE y BNG, aunque ambas lo rechazaron por no haber sido llamadas previamente para su negociación, lo que consideraron como una deslealtad institucional.
Esta negativa y la posterior pérdida del Gobierno central por el Partido Popular dejaron en suspenso el desarrollo del protocolo, ya que el convenio en el que se debían recoger las obligaciones y derechos de cada una de las partes no llegó a redactarse. El estudio elaborado ahora por la Universidade valora los términos de aquel protocolo al considerar que “abrió un camino de futuro respecto a la titularidad pública y a la gestión pública de los terrenos desafectados en la Zona 1”, ya que los autores de este trabajo también se decantan porque los muelles de la Batería y Calvo Sotelo continúen siendo públicos.
El documento estima que la “centralidad” de esos muelles y “la voluntad de convertirlos en parte del sistema de espacios públicos de la ciudad, con determinados equipamientos” que observa en el protocolo de 2018 hacen que coincida en que “este debería ser el destino final de estos terrenos, con una estrategia de transformación diferente de en la Zona 2”, ya que para San Diego prevé la permanencia de la actividad portuaria en el muelle, la modificación de la estación de mercancías y la edificación en el puerto petrolero.
Deuda portuaria
El cambio que plantea la propuesta de la Universidade con relación al protocolo de 2018 es que este sería suscrito inicialmente por todas las administraciones implicadas, sin marginar al Concello y la Diputación como sucedió hace tres años. Pero sigue planteando que la solución al problema de la deuda portuaria, o al menos una de las vías posibles, es la venta de los terrenos que quedarán liberados, lo que cuenta con la oposición de las fuerzas políticas de izquierda.
El informe universitario incluye además sobre este asunto una alusión al “impacto reputacional negativo” para el Puerto y la ciudad que a juicio de sus redactores tendría la condonación de la deuda portuaria, lo que le lleva a recomendar que se opte por otra fórmula para resolverla.
Esta mención no solo suscitó el rechazo de la Autoridad Portuaria y de Marea Atlántica, sino que la propia alcaldesa se vio obligada a salir al paso para asegurar que defiende la condonación como solución preferente para la deuda y que el argumento de la mala imagen es responsabilidad exclusiva de los autores del estudio.
Pero el documento deja claro que el propio Gobierno local es el autor de una propuesta para afrontar la deuda del Puerto para el que plantea dos alternativas: una es el pago por el Ministerio de Transportes este año de 150 millones y que Concello, Diputación y Xunta aporten entre las tres otros 50 millones a lo largo de treinta años; la segunda es que entre las cuatro administraciones abonen durante tres décadas los 200 millones que se adeudan a Puertos del Estado, aunque Transportes debería pagar la mitad de la cuota anual que se establecería.
