Los trámites para hacer realidad el proyecto del enlace ferroviario del puerto exterior no estarán condicionados por la inminente caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental de esta iniciativa el próximo 13 de junio. El Gobierno central tiene previsto prorrogar su vigencia. Aunque el Ministerio de Transportes ha optado por no pronunciarse oficialmente sobre esta cuestión, su intención pasa por impedir que haya que elaborar un nuevo informe ambiental que retrase aún más el proyecto.

La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental fija un plazo de cuatro años para la vigencia de estas declaraciones, de forma que si al cumplirse ese período las obras no han comenzado, debe redactarse una nueva ante el riesgo de que hayan variado las condiciones en las que se elaboró el documento. La misma norma prevé que se puede reclamar una prórroga con una duración máxima de dos años y establece un periodo de tres meses para contestar a esa solicitud.

La prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental es prácticamente ineludible, ya que aunque las obras de la línea de ferrocarril se licitasen en los próximos días, no podrían adjudicarse antes del 13 de junio, ya que los proyectos de estas dimensiones requieren de una tramitación de al menos seis meses. La adopción de esta medida por el Gobierno central dejará no obstante sin argumentos a la Xunta y la Autoridad Portuaria en su reclamación de que los trabajos del enlace ferroviario se liciten antes del próximo mes de junio, ya que la caducidad de la declaración ambiental habrá desaparecido.

Esa exigencia es uno de los puntos que el Gobierno autonómico incluye en la propuesta de protocolo sobre la reordenación de los muelles de la ciudad que ayer envió al Concello para que forme parte de las conversaciones entre todas las administraciones implicadas convocadas por el Ejecutivo local y que comenzarán el próximo martes. En el documento, formulado como un borrador que haga posible el debate, se plantea también la condonación por el Estado de la deuda de la Autoridad Portuaria o la entrega de una ayuda equivalente a los 200 millones que este organismo adeuda a Puertos del Estado por las obras de Langosteira.

El borrador de protocolo se fija como uno de sus objetivos “favorecer al máximo el mantenimiento de la titularidad pública de los frentes litorales urbanos”, por lo que no considera que sea indispensable que todos ellos sean de propiedad pública, ya que considera que esa iniciativa debe ser “compatible con la necesidad de obtención de recursos para la financiación del puerto exterior de A Coruña”.

La Xunta asume además la propuesta del Puerto de que la negociación sobre el futuro de los muelles y la solución del problema de la deuda se desarrolle en el seno de una delegación especial de su consejo de administración, ya que lo considera el marco adecuado por estar integrado por representantes de todas las administraciones implicadas en este campo.

Tras conocer esta propuesta, el Gobierno local manifestó que el próximo martes expondrá al resto de administraciones cuál es su posición, aunque recordó que la alcaldesa, Inés Rey, ha calificado de forma reiterada como “imprescindible” la conexión ferroviaria del puerto exterior, la condonación de la deuda portuaria y la apertura progresiva de los muelles a la ciudadanía, así como la creación de una entidad entre todas las administraciones que gestione la transformación de los terrenos que se liberen.

También Marea Atlántica hizo pública ayer una propuesta de protocolo que remitió a todos los grupos municipales y administraciones y que actualiza la que presentó en 2017, cuando ocupaba el Gobierno local. El documento califica de “caduco” el modelo de los convenios de 2004 para financiar el puerto exterior, defiende la condonación de la deuda y la titularidad pública de los terrenos que se desafecten, el mantenimiento de la actividad productiva en el puerto, la licitación este año del tren a Langosteira y la participación ciudadana en este proceso.

La portavoz de Marea, María García, destacó ayer la “oposición frontal” de su grupo a la venta y privatización de los muelles, reclamó la creación de un consorcio público, la contribución de todas las administraciones a los gastos de urbanización del suelo portuario y la cesión gratuita de La Solana al Concello. Sobre la propuesta de que una delegación del consejo de administración del Puerto sea el escenario de las negociaciones, García advirtió que el diálogo debe incluir a los sectores implicados en la actividad portuaria y las asociaciones vecinales, así como que “un proyecto de ciudad debe estar liderado por la ciudad y el Concello”.

La portavoz de Marea coincidió con el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, en que un acuerdo entre todas las partes está lejano, ya que consideró que la propuesta del Concello expresada a través del informe encargado a la Universidade “mejora los convenios de 2004 pero no se distingue tanto de ellos”, a lo que sumó la “pérdida de funcionalidad de los sectores del puerto en favor de usos terciarios o la edificación”. Según García, “la distancia es enorme,” por lo que defendió “sentarse a trabajar” tomando como punto de partida “sacar la deuda de la ecuación”, ya que estima que “permitirá planificar los muelles en función del interés general”.

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, explicó por su parte que en la reunión del martes los representantes del Ministerio, de Transportes, Adif y Puertos del Estado “negociarán y hablarán” con el Concello y la Xunta para “buscar lo mejor” para la conexión ferroviaria del puerto exterior y añadió que “después de ocho años de silencios del PP”, el Concello encuentra “un gobierno que dialoga y que busca soluciones”. Sobre la condonación de la deuda, admitió que “no es fácil” conseguirla, pero tampoco “imposible”.

La ronda de encuentros que mantiene Martín Fernández Prado con toda clase de colectivos políticos y sociales incluyó ayer a Defensa do Común, que reclama la continuidad del carácter público de los terrenos portuarios. La entidad se felicitó por ser recibida por primera vez por la Autoridad Portuaria y manifestó que “el futuro del puerto no puede depender de las decisiones del gobierno de turno” , al tiempo que denunció el cambio de opinión de los partidos sobre esta cuestión según estén en el poder o la oposición.

La asociación exigió sobre la deuda portuaria un trato similar al aplicado por el Gobierno central en Valencia y aseguró que hubo “falta de voluntad política” en los últimos diez años para condonar los 200 millones adeudados a Puertos del Estado. También criticó que el PSOE votase contra la inclusión en los Presupuestos de los fondos para el tren de Langosteira y reclamó que se realice la consulta popular sobre el futuro de los muelles aprobada por el pleno municipal.