A Coruña se juega este martes gran parte de su futuro económico y urbanístico. También de su modelo de ciudad. Convocadas por la alcaldesa, Inés Rey, todas las administraciones implicadas en completar el puzle portuario coruñés se sentarán en torno a la misma mesa en un encuentro del que deben salir los cimientos estables de una solución para problemas enquistados desde que el Consejo de Ministros, en enero de 2003 en el Palacio Municipal de María Pita, dio el primer paso para la construcción del puerto exterior de punta Langosteira: la viabilidad de la dársena, la apertura de los actuales muelles interiores a la ciudad y la solución a la terrible deuda a la que se vio condenada la Autoridad Portuaria de A Coruña al asumir, prácticamente en solitario, una obra que ronda ya a los mil millones de euros de inversión.

En una cumbre inédita, ni siquiera vista cuando se firmaron los convenios para la financiación del puerto exterior en 2004, el Ayuntamiento de A Coruña, como anfitrión, la Xunta, la Diputación, el Ministerio de Transportes, Puertos del Estado, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y la Autoridad Portuaria debatirán sobre la deuda, la conexión ferroviaria y el desarrollo urbanístico de los muelles de Batería, Calvo Sotelo, San Diego y Petrolero. Cada uno de los siete protagonistas del encuentro tiene la obligación moral de poner en común sus propuestas, debatirlas y llegar a acuerdos en los que prime el interés público y de los que A Coruña no resulte marginada respecto a casos si no idénticos, muy similares.

En los últimos días, Autoridad Portuaria, Ayuntamiento y Xunta han ido desvelando sus cartas. La Diputación también se ha involucrado en ofrecer consenso y colaboración. Menos concreta ha sido la parte del Gobierno central —Ministerio, Puertos del Estado y Adif—, de la que se espera que aporte una solución a la deuda portuaria y a la construcción de la conexión ferroviaria, imprescindible para que la dársena de punta Langosteira sea plenamente operativa. El tren es condición indispensable para la mudanza de empresas del puerto interior al exterior y, por tanto, de la apertura de los actuales muelles a los ciudadanos.

Estamos, así pues, ante un reto trascendental para una ciudad portuaria. Pero además, en el caso de A Coruña, con un condicionante añadido de enorme relevancia: su puerto ocupa una posición central, a lo largo de casi toda su costa este, y la solución que ahora se defina la marcará durante siglos. Por eso, a la reunión del martes todos deben llegar dejando a un lado tentaciones partidistas o cortoplacistas, sobreponiendo el interés general y el de las generaciones venideras al rédito electoral propio.

Esa posición central de los cuatro muelles sobre el tapete portuario condicionó los convenios firmados en 2004 por el Ayuntamiento con la Xunta y el Gobierno de Aznar primero, y solo con el Ejecutivo de Zapatero meses después. En plena burbuja inmobiliaria, los muñidores de aquel pacto optaron por la vía fácil: miles de viviendas para financiar el puerto exterior. Los convenios preveían obtener 150 millones de euros con los que costear los menos de 400 millones en que se adjudicó entonces la obra. Quince años después, la tozuda realidad ha demostrado que el cálculo de rentabilidad inmobiliaria fue excesivamente optimista, según el sector, y que el del presupuesto de la obra se quedó excesivamente corto por la necesidad de incorporar sucesivos añadidos, como nuevos diques, indispensables para el funcionamiento de la dársena y que no se incluyeron en el proyecto inicial.

Entonces, como ahora, LA OPINIÓN defendió que la necesaria obra del puerto exterior para alejar tráficos marítimos peligrosos del corazón de la ciudad no podía financiarse a costa de la venta de los muelles al mejor postor. Que no se podía condenar a A Coruña a ser la única ciudad de España a la que se le endosase la financiación de tamaño proyecto portuario obligándole a la enajenación de su suelo. Década y media después, con el reventón de la burbuja inmobiliaria, saludamos que aquella posición en defensa de la ciudad sea ahora unánimemente compartida por las fuerzas políticas, como lo evidencian las mociones aprobadas en el pleno municipal y el consenso, ahora sí sin fisuras, en torno a la condonación de parte de la deuda de la Autoridad Portuaria por el Estado. De los 300 millones de descubierto actual, 200 lo son con el Estado —la parte para la que se exige su condonación— y otros 100 con el Banco Europeo de Inversiones.

Solo la Administración central se mantiene contraria a la exigencia sobre la deuda, más justa si cabe después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya asumido los 400 millones de euros que el puerto de Valencia le debía por su remodelación para la Copa del América de Vela. Una condonación que, es importante resaltar, se deriva de un acuerdo político, el de investidura de Sánchez con Compromís. El Ejecutivo se escuda en que son casos diferentes porque la deuda en A Coruña la asumió el Puerto y en Valencia se le endosó a un consorcio público con las administraciones local, autonómica y estatal. Pero por más pretextos a los que se agarre para obviar la injusticia, si verdaderamente el Gobierno tiene voluntad real de no marginar a A Coruña, esa no puede ser la excusa. Basta con aplicar la misma solución valenciana al caso práctico coruñés. Como tampoco puede esperarse del Gobierno que dispense a A Coruña un trato diferente al que ha dado a Castellón, donde aportará 140 millones a través de Adif, para la ejecución del acceso sur ferroviario al puerto. Sin embargo, hasta ahora aquí se sigue echando en falta mayor compromiso presupuestario del Estado con el tren de Langosteira, sin garantías de financiación. Para ello ha llegado a esgrimir que Adif no ha financiado infraestructura ferroviaria portuaria alguna, aunque el caso de Castellón lo desmiente con rotundidad.

La condonación de los 200 millones de la deuda y la financiación estatal de la conexión ferroviaria aliviarían la pesada carga que recae sobre las arcas de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Sin esa losa, desaparecería el yugo de obtener ingresos alternativos a los de la mera actividad marítima y, por tanto, la planificación urbanística de los muelles podría afrontarse sin la acuciante necesidad de venderlos y con el objetivo primordial de definir la ciudad del futuro, libre de condicionantes, con el interés general en el centro absoluto de los esfuerzos.

El reto, insistimos, es mayúsculo: qué ciudad queremos dejar para el futuro. De Batería a Petrolero, desde la plaza de Ourense hasta Os Castros, A Coruña dispone de una oportunidad única para crecer y reinventarse como pocas generaciones antes tuvieron. Con la superficie de la ciudad ocupada casi en su totalidad, los muelles se abren como espacio donde diseñar la nueva Coruña. Y con su apertura también existe la opción de innovar, fijar apuestas, repensar su modelo económico y productivo en busca de nuevas oportunidades laborales al paso de las profesiones del futuro, y dar una nueva oportunidad de crecer a sectores portuarios que deben permanecer en la ciudad, como la pesca, vital en A Coruña. Una verja separa ahora al corazón de la ciudad del puerto. Ya es hora de derribarla.