El Gobierno de Pedro Sánchez acudió a la cumbre entre administraciones sobre la situación del Puerto de A Coruña convocada por la alcaldesa, Inés Rey, sin buenas noticias que dar. Dos de los principales asuntos y preocupaciones clave del ente portuario, la deuda por la construcción del puerto exterior y el retraso de la ejecución de la conexión ferroviaria a punta Langosteira, sobre los que se esperaban decisiones concretas, no obtuvieron la respuesta deseada, ya que los representantes del Puertos del Estado y del Ministerio de Transportes avanzaron que la liberación del endeudamiento del Puerto, de 200 millones de euros por el préstamo solicitado al Estado es “imposible”, y cuestionaron la “viabilidad económica y social” del enlace por tren con la dársena exterior.

La alcaldesa adelantó que Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, ha decidido prorrogar hasta junio de 2023 la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de enlace ferroviario del puerto exterior, como adelantó la semana pasada LA OPINIÓN, y añadió que la infraestructura será financiada con fondos europeos, idea en la que insistió también el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo. Rey avanzó, como también destacaron otros asistentes a la cita, que las administraciones crearán una comisión de trabajo en las próximas semanas para diseñar en el plazo de seis meses un nuevo protocolo “acorde a la realidad actual” con el que definir las distintas intervenciones relacionadas con la situación del Puerto. Rey informó de que el Estado aprobará una moratoria para que el Puerto no devuelva el crédito de 200 millones hasta 2035 (tenía que empezar a amortizarlo este año), un gesto que vincula a la "rentabilización de activos" portuarios.

La Xunta, representada por la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, calificó la reunión de decepcionante por varios motivos: por no aportar “concreciones” respecto a la deuda portuaria, “no mostrar sensibilización con el desarrollo de los muelles urbanos de Batería y Calvo Sotelo” y por no aludir a “ningún horizonte” respecto al tren al puerto exterior. Vázquez defendió las características del protocolo de intenciones de 2018 entre Puerto, Puertos del Estado, Fomento y Xunta (con ausencia del Ayuntamiento), por el que la Xunta destinaba 20 millones de euros a la compra del 51% de Batería y Calvo Sotelo y a partir de 2027, de parte de los de San Diego, y lamentó que ahora se tenga que acordar otro protocolo.

El secretario general de Infraestructuras do Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Sergio Vázquez Torrón, señaló que la conexión ferroviaria se costeará con fondos europeos e instó a las demás administraciones a “aportar garantías de la viabilidad económica y social de la inversión”, aspecto que, recalcó, “debe quedar demostrado”. Toledo fue más claro al recordar que la reducción de tráficos de carbón por ferrocarril, por el cierre de la central térmica de Meirama, pone en duda la viabilidad de la inversión, por lo que instó a diseñar “un nuevo plan”.

El presidente del Puerto, Martín Fernández Prado, calificó el encuentro como “una reunión que suma”, defendió la capacidad operativa del ente portuario, admitió las “tensiones financieras” que condicionan la situación de la entidad que preside y se comprometió a trabajar en los asuntos pendientes en el marco de la nueva comisión entre administraciones avanzada por la alcaldesa.