En febrero de 2019 entraron en vigor las nuevas tarifas del bus urbano, las que siguen en vigor actualmente, con el billete sencillo a 1,20 euros —antes costaba 1,30—, con el bonobús a 0,75 euros, con el bonobús social para jubilados, desempleados y discapacitados a 0,33 y el de universitarios, a 0,30 euros; el Gobierno local, entonces con Marea Atlántica en la Alcaldía, estableció, además, otras dos mejoras para los usuarios, que los menores de trece años viajasen gratis y que todos los transbordos fuesen gratuitos en una ventana de 45 minutos desde el primer uso de la tarjeta.

Las gestiones para convertir en realidad estas bonificaciones empezaron en 2018. Para entonces, la Compañía de Tranvías iba en una línea opuesta a la del Concello, en la de intentar que el billete sencillo costase 1,39 euros, así que, finalmente, el Gobierno local tomó unilateralmente la decisión de bajar las tarifas. La concesionaria judicializó el asunto y ha recibido ya un revés, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 ha rechazado su recurso y, de este modo, avala la decisión de Marea de reducir las tarifas. No es la primera vez que el Concello y Tranvías se ven en los Juzgados, Marea dio por caducada la concesión en 2016 y la prorrogó dos años más. Tanto Europa como el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de la ciudad dieron la razón a la adjudicataria, que defendía que el contrato expiraba en 2024. El Concello —a mediados del año pasado— decidió no recurrir y acatar el fallo.

¿Es esta sentencia el fin del conflicto? No porque el fallo no es firme y, contra él, cabe recurso de apelación. Tranvías tiene quince días para presentar el escrito. Por ahora, la concesionaria del transporte público en la ciudad no ha comunicado su decisión y se ha limitado a decir que está “analizando la sentencia en profundidad”.

¿Qué argumentos usó la Compañía de Tranvías para intentar anular la decisión del Concello de rebajar las tarifas? La concesionaria puso sobre la mesa argumentos como que el Concello infringía algunos de los artículos del convenio que rige la relación entre la Compañía de Tranvías y el Ayuntamiento, al modificar las tarifas unilateralmente y sin acuerdo. Alegó que la fórmula polinómica que está recogida en el convenio —y en la que se tienen en cuenta factores como la masa salarial, el IPC o el precio del combustible, entre otros— prevé que la revisión de las tarifas sea siempre al alza. La concesionaria consideraba también que, por esta decisión, se veía amenazado su equilibrio económico-financiero, por lo que solicitaba una compensación. Tranvías buscó también en la forma en la que se aplicó la reducción del precio un resquicio para impugnar la decisión, al alegar que no debería haberse aprobado la aplicación de estas medidas en Junta de Gobierno Local —como lo fueron las revisiones previas al alza durante más de treinta años— sino en el Pleno, al considerar que se habían cambiado los términos del convenio del servicio de transporte público en la ciudad. Alegó también que se tendría que haber redactado una nueva ordenanza. No es el primer revés judicial que recibe la Compañía de Tranvías sobre este tema, ya que intentó que se suspendiese cautelarmente la aplicación de estas medidas. Entonces, fue también la titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 quien dijo que, en caso de que se reconociesen en el futuro daños a la Compañía de Tranvías, serían resarcibles, ya que podrían ser compensados con el pago de las cantidades no percibidas, no así los de los usuarios del servicio de transporte público de la ciudad que, en caso de que se desestimase el recurso de Tranvías —como así ha sido—, en ningún caso podrían recuperar el dinero pagado de más por sus viajes en bus desde febrero de 2019 a la resolución.

¿Por qué la jueza avala la decisión del Concello, descarta compensaciones a la Compañía de Tranvías y le impone el pago de las costas del procedimiento? La magistrada considera que no se hace una modificación del convenio, sino una revisión de las tarifas, así que, decaen ya todas las alegaciones que tienen esa base. Eso implica que la Junta de Gobierno Local es el órgano en el que se debía haber aprobado la entrada en vigor de estas medidas que siguen en vigor actualmente. La magistrada indica en la sentencia también que se ha detectado un beneficio “extraordinario o excepcional por excesivo” de la Compañía de Tranvías y juzga que entra “dentro de lo razonable y proporcionado que el Ayuntamiento pueda revisar las tarifas” toda vez que la duración del convenio es de 38 años y los precios han ido “siempre al alza”. La magistrada niega compensación económica a la Compañía de Tranvías porque considera que su beneficio pasa “de ser extraordinario a razonable” y considera “desproporcionado” el equilibrio entre el beneficio de la empresa y el interés público de la ciudadanía. Al haber perdido en este paso del procedimiento judicial, impone el pago de las costas a Tranvías, aunque no más de 700 euros.

¿Cómo analiza el actual Gobierno central la sentencia? La actual alcaldesa, Inés Rey, se mostró “cautelosa” ante el fallo judicial, ya que siempre ha sido escéptica con la decisión del Ejecutivo dirigido por Xulio Ferreiro de bajar el precio del bus de manera unilateral y, pese a que esta sentencia reforzaría que el Concello siguiese la senda abierta por Marea Atlántica, Rey sigue defendiendo que las bajadas en el precio del bus han de aplicarse de forma consensuada con la Compañía de Tranvías. En campaña y también en sus primeros cien días de Gobierno, Rey consideraba que la decisión costaría “muchos millones” a las arcas municipales y tildó de populista la medida. A pesar de este posicionamiento, Rey firmó con Marea la introducción de bonificaciones —sin coste para el Concello— para los usuarios del bus urbano mayores de 65 años y menores de 25, para poder ser investida como alcaldesa.

¿Qué dice Marea Atlántica sobre el fallo judicial? Celebra la decisión, a pesar de que todavía no sea firme, sobre todo, porque tanto la sentencia como los informes que solicitaron antes de tomar la decisión avalan que la rebaja del precio del bus estaba bien fundamentada. Ahora, según explicó ayer la portavoz de la formación, María García, a preguntas de este diario, considera que “ya no hay excusas” para que no se aplican medidas en este sentido, así como de fomento del uso del transporte público, ya que, tras la entrada en vigor del nuevo precio, la Compañía de Tranvías sumó un millón de pasajeros. García hizo también referencia a la parte de la sentencia en la que la jueza dice que los beneficios son “extraordinarios” por “excesivos” ya que “son treinta veces superiores a los de la compañía de transporte de Vigo”.