El presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, habló anoche sin ambages del camino que, según el Gobierno de Pedro Sánchez, debe seguir el puerto coruñés y la ciudad respecto a los muelles interiores y el agujero generado por Langosteira. “Tienen que venderse activos, evidentemente, para aminorar la deuda”, señaló en una entrevista en la Cadena Ser. Toledo vinculó la venta con la refinanciación del préstamo a la que se ha comprometido, sin más detalles sobre su contenido y contrapartida que que habrá una moratoria en los pagos hasta 2035, tal y como se anunció en la cumbre del pasado martes en el Palacio de María Pita. Considera que, sin la intervención estatal, “A Coruña está al borde de la bancarrota” porque “no se ha cumplido nada de lo que se pactó en su momento”, en referencia a los convenios de 2004, que sentaron las bases de la financiación de la dársena exterior en la venta de los muelles interiores y su recalificación urbanística para la construcción de más de 4.000 pisos.
“Hay un cúmulo de cosas que no se han hecho y fruto de esto el Puerto está en una situación financiera muy complicada, hasta el punto de que, dependiendo de las inversiones que hiciera, en un periodo muy corto no podría devolver los préstamos”, afirmó durante la entrevista Toledo, muy duro con la gestión de la Autoridad Portuaria —a cuyo presidente elige la Xunta— durante los últimos años, tras perder un 25% de tráficos en un lustro: “¿Cómo es posible que un puerto que tiene una dársena increíble, fabulosa, con una situación geoestratégica envidiable, esté en esta situación?”, indica.
El presidente de Puertos del Estado reprueba los compromisos incumplidos de los dos pactos de 2004: el primero firmado entre el alcalde Francisco Vázquez (PSOE), el entonces conselleiro Alberto Núñez Feijóo (PP) y el ministro Francisco Álvarez-Cascos (PP); y el segundo, modificación del anterior, firmado entre Vázquez y la ministra del flamante Gobierno de Zapatero, Magdalena Álvarez (PSOE). Entre los incumplimientos, el actual presiente de Puertos cita que “no se han enajenado los activos para permitir bajar la deuda” (venta de los muelles para sufragar Langosteira) ni tampoco se ha materializado el traslado de Repsol “después de tantos años” (estaba previsto para 2018). Puertos concedió un préstamo en 2011 a cambio de un control financiero sobre las cuentas portuarias, del que proceden los 200 millones que rehúsa condonar y que la Autoridad Portuaria tiene que retornar.
¿Qué ha de hacerse ahora para Francisco Toledo? Responde de manera mucho más meridiana que el martes: “Tienen que venderse activos, evidentemente, los que tiene, para aminorar la deuda, y por otra parte desde el ministerio vamos a refinanciar el préstamo”. “Es un puerto que tuvimos que rescatar pero sobre la base de que tiene que pagar todas sus deudas”, añade.
La condonación es rechazada de plano porque “sería una ayuda de Estado y eso Competencia no lo permite, porque los puertos están en régimen de autofinanciación”. Ofrece “ayuda” pero advierte que “el Puerto de A Coruña” y “desde A Coruña” tienen que poner mucho de su parte”. Concluye con el compromiso de, dentro de estos términos, tenerlo en su agenda: “Desde hoy me voy a empeñar, porque tiene mucho futuro, es muy importante para A Coruña, para Galicia y para el país”.
“Evitar la quiebra”
Horas antes que Toledo, se pronunció en términos similares el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, el gallego Jesús Vázquez Torrón. Lo hizo en Twitter en respuesta a las críticas dirigidas desde la Xunta y los grupos políticos locales por no liberar al Puerto de la carga económica para que eso no hipoteque el futuro de los muelles interiores en su incorporación a la trama urbana y su puesta a disposición de los coruñeses. Al igual que para Toledo, Vázquez Torrón escribió que la reestructuración de la deuda es la principal vía para “evitar la quiebra”.
El alto cargo de la cartera de José Luis Ábalos no habla directamente de la “venta de activos”, sino de “equilibrar el interés público de los terrenos portuarios con su necesaria puesta en valor”. Tanto desde la Autoridad Portuaria como desde el Concello, señalan que esta vía marcada desde Madrid no tiene que implicar necesariamente que el suelo acabe en manos privadas, sino que sean las propias Administraciones —Xunta, Concello, Diputación— las que adquieran terrenos para que siga siendo de titularidad pública, como se ha pedido unánimemente desde la Corporación local, provincial y el Parlamento de Galicia.
El presidente portuario, Martín Fernández Prado, explica que supondría una “contraprestación” con la que aliviar la carga financiera del Puerto. Torrón dijo el martes tras la reunión institucional que todas las administraciones tienen que “colaborar”. En sus redes sociales, se refirió directamente al Concello y a la Diputación.
La alcaldesa, Inés Rey, comentó ayer en cambio que en la reunión del martes no se planteó la venta de suelo en los muelles urbanos: “No tratamos ese tema. Se habló del futuro del Puerto y de asentar las bases de la colaboración entre administraciones, que cristalizó en la creación de una comisión que en los próximos seis meses definirá un protocolo para sustituir a los convenios de 2004, que hoy están desfasados y no se corresponden con la realidad económica y urbanística”.
Fernández Prado rebaja la alarma que puede suscitar la difícil situación económica del Puerto, como ha resaltado en los dos últimos días en distintas emisoras de radio. “Quiero dejar claro que la Autoridad Portuaria tiene solvencia económica, tiene un fondo de maniobra para los próximos cuatro o cinco años. Debemos mucho, pero eso no quiere decir que no tengamos en caja dinero para atender gastos y créditos. Lo que necesitamos adicionalmente es tener otro colchón económico, y eso nos lo pueden proporcionar los terrenos de Batería y Calvo Sotelo”, explica el presidente portuario.
Torrón aludió en Twitter a la conexión ferroviaria al puerto exterior y señaló de nuevo que el coste de la obra está supeditado ahora a la “búsqueda de financiación europea” —recibió su primer barco en 2012—. El Estado no pone fecha a su construcción.
