Puertos del Estado no está dispuesto a condonar ni un euro del crédito de 200 millones que le concedió a la Autoridad Portuaria coruñesa para poder finalizar la macroinfraestructura de punta Langosteira, concebida para retirar los tráficos peligrosos del centro de la ciudad. El pago de las cuotas del préstamo tiene que comenzar este verano pero el organismo estatal ya ha hecho caja con los intereses en los últimos años. A falta de la publicación de las cuentas del pasado ejercicio, entre 2011 y 2019, el Puerto coruñés ya pagó casi 37 millones solo en intereses de crédito, cuyo tipo de interés medio está en el 1,75%, cuando en el otro pendiente de abonar, el del Banco Europeo de Inversiones (BEI), es del 0,17%.

El presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, sentenció el jueves sin paliativos en la Cadena SER que solo hay una vía para la deuda: una moratoria hasta 2035 que tiene que ir acompañada de ingresos por la “rentabilización” de los muelles: “Hay que vender activos, evidentemente, para minorar la deuda”. “Es un puerto que tuvimos que rescatar pero sobre la base de que tiene que pagar todas sus deudas”, dijo en referencia al crédito concedido en 2011 a cambio de someterse al control financiero del Estado. Toledo señala que, si no intervienen, “A Coruña está al borde de la bancarrota”.

El rechazo a condonar la deuda es contundente, una deuda que ya le ha reportado importantes ingresos a Puertos del Estado sin que la Autoridad Portuaria coruñesa haya empezado la cuenta atrás en su pago. Y es que, solo en intereses, desde hace diez años, ha tenido que remitir al órgano estatal 36,08 millones de euros: 2,27 millones en 2011; 6,18 millones en 2012; 4,53 millones en 2013; 4,56 millones en 2014; 4,16 millones en 2015; 3,79 millones en 2016; 3,54 millones en 2017; 3,5 en 2018; y 3,5 en 2019.

Estos más de 36 millones de euros son el grueso de los ingresos financieros totales de Puertos del Estado. En el mismo periodo entre 2011 y 2019, el ente recabó 95,3 millones de euros, por lo que la inyección que recibe de los intereses del préstamo del Puerto de A Coruña supone casi un 39% del total.

Puertos del Estado anunció la moratoria del crédito tras la cumbre en el Palacio de María Pita convocada por la alcaldesa, Inés Rey. Los representantes del Gobierno de Pedro Sánchez dieron portazo a la condonación de la deuda y no pusieron fecha al tren del puerto exterior, para el que reiteraron el compromiso de los últimos meses de buscar fondos europeos. Cuestionan, sin embargo, la viabilidad del ferrocarril y exigen un estudio para justificar la inversión por la bajada de tráficos, sobrevenida por el cierre de las centrales térmicas ordenada por el Ejecutivo central cuando la construcción del puerto se pactó en 2004 y recibió el primer barco en 2012.

Según lo anunciado, las diferentes administraciones se dan seis meses para la elaboración de un nuevo protocolo en el que el Estado espera que se use la venta de los activos del Puerto —los muelles que se pretenden poner a disposición de los vecinos— para sufragar el préstamo estatal, independientemente de que sean el resto de Administraciones (Xunta, Concello y Diputación) las que aporten el dinero o acaben en manos privadas tras la enajenación del suelo.

Vista previa en el Tribunal de Cuentas

Tras varios retrasos por la pandemia y la nevada histórica en Madrid, el lunes se celebra la vista previa en el Tribunal de Cuentas dentro del proceso para decidir sobre la supuesta responsabilidad contable del expresidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, y un funcionario por irregularidades en la gestión del puerto exterior. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas decidió adherirse a la demanda y considera que deben ser condenados a pagar 544.000 euros más intereses por los pagos que, a juicio de la investigación realizada por el órgano fiscalizador, se abonaron de manera irregular a una contrata. En total, son unos 690.000 euros por los posibles “perjuicios ocasionados a los caudales públicos”. El presidente del Puerto manifestó, el pasado junio, que es “terriblemente injusto” que se le señale en esta cuestión cuando el centro de la instrucción fue un contrato que se firmó antes de que él asumiese la presidencia. “Es un tema de perogrullo”, declaró, sin “ninguna duda” de cuál será el desenlace. Las supuestas irregularidades fueron descubiertas durante la fiscalización de las obras de punta Langosteira entre 2012 y 2014. Para ser considerados responsables, tiene que demostrarse que hubo “dolo, culpa o negligencia graves”.