La Xunta tendrá que solicitar de nuevo licencia al Concello para poder iniciar los trabajos de construcción de la residencia de mayores proyectada en la calle Castaño de Eirís, y que será financiada por la Fundación Ortega. Política Social había pedido licencia municipal para ejecutar el edificio pero los técnicos municipales concluyeron que era necesaria la redacción de un estudio de detalle, ya aprobado inicialmente este mes. La junta de gobierno tomó conocimiento esta semana del desistimiento de la primera licencia y ahora la Xunta tendrá que presentar un proyecto nuevo y solicitar una nueva autorización en base a dicho documento.

Un estudios de detalle es un documento que tiene un rango inferior al plan general pero que contiene información específica de qué se puede hacer y qué no en un determinado ámbito urbanístico. El estudio de detalle fue aprobado inicialmente el 12 de enero de este año, aunque, por delante, queda todavía su aprobación definitiva, que tendrá que ir a Pleno. Antes de la irrupción de la pandemia de coronavirus, estaban en marcha los primeros pasos para la construcción de este proyecto, para el que las administraciones se comprometían a “apurar los plazos” necesarios. En diciembre de 2019, un año después de que el Concello le cediese a la Xunta un solar municipal para que construyese esta residencia de mayores, el Ejecutivo autonómico la rechazó y decidió comprar otro terreno cercana a la Fundación Hermanos Tenreiro, en Castaño de Eirís.

Para que esta parcela sirviese para los fines marcados, era necesario un paso previo: el derribo de la escuela infantil que había en ella y que llevaba ya unos meses cerrada, unos trabajos para los que el Concello concedió la licencia en febrero del año pasado. En una carta, la conselleira de Política Social, Fabiola García, solicitó al Concello que no revertiese la cesión de la parcela y que dejase que formase parte del patrimonio autonómico, para poder darle otro uso. Este extremo, sin embargo, no fue aceptado por el Gobierno local, que defendió que el convenio de cesión había quedado invalidado.

La irrupción de la pandemia de coronavirus y el estado de alarma que el Gobierno decretó en toda España el 13 de marzo, trastocaron los planes de la Xunta, ya que, si bien las obras de derribo comenzaron antes del confinamiento, no se pudieron retomar hasta unos meses después y ahora ya han finalizado. El proyecto tiene un plazo de ejecución de aproximadamente un año y medio y la Fundación Amancio Ortega prevé invertir quince millones de euros en él.