Los efectos de la pandemia se ven reflejados también en los datos del área de Servicios Sociales del Concello, que ha registrado más del doble de citas para atención inmediata en un año. El pasado enero, este servicio que resuelve dudas, asesora a los usuarios y tramita casos de emergencia social recibió 1.039 citas, 552 más que el mismo mes en 2020. En enero de 2019 se recibieron 734 peticiones.
Ha sido un año marcado por la pandemia, que obligó al Concello a reforzar el presupuesto dedicado a emergencia social, que fue de 1,8 millones de euros. En una respuesta al PP, el Gobierno local expuso que se ejecutaron 917.514 euros del total. “Fuimos tirando de las ayudas de emergencia social del programa A Flote, de Cruz Roja, de Padre Rubinos y de las tarjetas monedero de la Xunta”, explica la concejal de Bienestar Social, Yoya Neira, para justificar que no se haya gastado todo el dinero dedicado a esta causa.
La iniciativa A Flote, de la Fundación Emalcsa, ha facilitado al Concello la tramitación de ayudas “para extranjeros en situación irregular”, pues un “porcentaje altísimo”, indica Neira, se quedó sin recursos con el parón del confinamiento. “No hubo ayudas sin gestionar”, sentencia.
Las ayudas municipales de emergencia social están destinadas a personas y familias en situación de necesidad económica grave y urgente, para que puedan hacer frente a gastos ordinarios o extraordinarios. Se trata de una prestación económica no periódica. En lo que va de año, Benestar Social ya ha realizado 199 pagos de este tipo de ayudas, con un gasto total de 53.500 euros. Durante el confinamiento, el Concello concedió 400 prestaciones económicas para personas sin recursos.
Debido a la irrupción del coronavirus, el Gobierno local destinó 700.000 euros del Plan de Reactivación Económica y Social (Presco) a ayudas sociales, a los que no tuvo que recurrir por disponer de fondos suficientes. Durante los meses del encierro, el Concello gastó 450.000 euros en comedores sociales y alojamientos y dio cobijo a 187 personas. Benestar Social habilitó un albergue en el pabellón de Riazor para las personas sin hogar.
Ayuda a domicilio
La concejalía de Benestar Social también pretende mejorar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y ya trabaja en la redacción de los nuevos pliegos. Este servicio ofrece a personas en situación de dependencia reconocida atenciones domiciliarias para atender las necesidades básicas de la vida diaria e incrementar su autonomía. El Concello está estudiando la posibilidad de zonificar este servicio para mejorar los tiempos de respuesta.
La atención a domicilio se gestiona a través de cuatro contratos que finalizan, contando las prórrogas aprobadas, entre abril de 2021 y marzo de 2022, según informaron fuentes municipales. Tres empresas, OHL-Ingesan, Fepas y Clece, asumen los cuatro contratos, que comprenden asistencia en el hogar a personas dependientes, atención domiciliaria sociosanitaria, teleasistencia, reparto de comida en el hogar e información y asesoramiento en materia de dependencia.
Trece nuevas altas en la Renta Social
El Concello concedió el año pasado un total de 202 rentas sociales, un 22% más que en 2019, cuando se tramitaron 165 ayudas. En 2018, hubo 191 beneficiarios. En lo que va de año, informa la edil de Benestar Social, Yoya Neira, se han tramitado trece nuevas altas y 25 prórrogas, por lo que hay 173 rentas sociales municipales activas. El gasto, a día de hoy, es de 91.890 euros, sin incluir aún los nuevos beneficiarios. “El 2020 fue el año en el que se concedió el mayor número de rentas sociales”, indica la concejal.
Para estas ayudas, el Concello contó el año pasado con un presupuesto de 1,45 millones de euros, de los que ejecutó 1,26 millones, aunque Benestar Social asegura que no quedó nadie sin atender. Este subsidio puede ser percibido durante 18 meses.
La Renta Social fue concebida en 2016 como una prestación subsidiaria de las que conceden otras administraciones, por lo que no puede recibirse si ya se es beneficiario de, por ejemplo, la Risga, que otorga la Xunta. La cantidad a percibir por los beneficiarios varía en función de sus necesidades y del número de miembros de la unidad familiar, por lo que puede ir de los 564 a los 1.129 euros. El número de rentas, indica la concejalía, fluctúa en función de que los beneficiarios encuentren un empleo o incumplan las condiciones establecidas.
