La portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda, va a presentar una denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento europeo para que inicie una investigación sobre las condiciones "de precariedad laboral" en las que se encuentran las trabajadoras de ayuda a domicilio en Galicia. Los denunciados son la Xunta, por sus competencias en la contratación del servicio, y el Estado, para que las considere integrantes del "sector sanitario" y como un servicio esencial de "alto riesgo".

Miranda adelantó que, tal y como ha hecho con otros sectores, como los mariscadores de la ría de O Burgo o con las víctimas del Alvia, su intención es que las trabajadoras puedan ir a Bruselas para explicar su situación en el Parlamento europeo y, que de ese modo, se fuerce tanto al Estado como a la Xunta a cambiar el modelo actual, que se presta a través de empresas privadas y con el copago de familias y Concellos.

"Somos trabajadoras pobres y seremos jubiladas más pobres todavía y con problemas físicos", ha denunciado esta mañana Trinidad Palacios, miembro de la plataforma SAF Galicia, ante la Delegación de la Consellería de Política Social, en el mercado de Elviña. Y es que, entre sus quejas, están no solo la carencia de medios, como grúas para levantar a los dependientes, sino que no llegan al salario mínimo interprofesional, que es "casi imposible" llegar a ser trabajadoras indefinidas porque encadenan contratos por horas y por obra y servicio y que, cada día, tienen que "luchar por derechos ya adquiridos", como quince minutos de descanso tras seis horas de trabajo.

Se quejan también de que, durante la pandemia, no se les proporcionó material sanitario adecuado para evitar contagiar y contagiarse y de que no existen protocolos que hagan que todas las trabajadoras del servicio cuenten con los mismos derechos, ya que dependen de las empresas adjudicatarias de estos programas. Denuncian que las concesionarias hacen ofertas "a la baja" para hacerse con estos contratos --sufragados por la Xunta, que recibe una transferencia del Estado, por los Concellos y por las propias familias-- y que consiguen esos precios a costa de las trabajadoras, por ejemplo, reduciendo al mínimo el tiempo de desplazamiento o no proporcionándoles un medio de transporte, ya que son ellas las que tienen que utilizar sus vehículos para moverse entre las diferentes viviendas, incluso en el rural, donde tienen que hacer hasta 40 kilómetros al día para atender a los usuarios.

"Existe un claro y sistemático incumplimiento de la normativa europea, agravado durante la pandemia”, sobre todo del Pilar Europeo de Derechos Sociales, en su capítulo sobre las condiciones de trabajo justas, ha denunciado Miranda esta mañana. Reivindicó la labor sanitaria que realizan estas trabajadoras y que no es reconocida como tal y que, por ello, no han entrado en los grupos prioritarios de vacunación.

Otra de las demandas de SAF Galicia es que se municipalice el servicio, para poder tener unas mejores condiciones laborales y se quejan de que no existe un protocolo de actuación, por ejemplo, cuando sufren acoso sexual de los usuarios o, incluso, de sus familiares. "Lo que hace la empresa es mandar a otra auxiliar hasta que se queja", relata.

“Es un servicio social imprescindible, pero muchas veces invisible tanto para el gobierno gallego como estatal, al tratarse de un servicio altamente feminizado, ya que el 97% de las trabajadoras son mujeres”, ha apuntado la concejala del BNG en A Coruña, Avia Veira.

“Consideramos imprescindible que la Comisión de Peticiones inste al Estado español a asimilar las trabajadoras de asistencia a domicilio con los profesionales sanitarios, ya que de ser considerado un servicio esencial y de alto riesgo tendrían garantizados otro tipo de protecciones laborales y preventivas”, ha concluido Ana Miranda.