La Autoridad Portuaria de A Coruña remitió a Puertos del Estado hace diez días un informe con el que trata de demostrar la rentabilidad económica, ambiental y social de la conexión ferroviaria al puerto exterior, cuya construcción, aún sin licitar, vincula ahora el órgano estatal a los tráficos portuarios. Puertos, que en los últimos días ha resaltado que el ente coruñés pasa por una “difícil” situación financiera que la sitúa al borde de la “quiebra” —como dijo su presidente, Francisco Toledo en A Coruña tras anunciar que el Estado buscaría la financiación del tren a través de fondos europeos— reflejaba en cambio en su última auditoría, la del ejercicio 2019, que el Puerto coruñés tenía “un fondo de maniobra suficiente” para afrontar sus compromisos financieros.

En esta auditoría, Puertos se apoya en las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria para avalar su solvencia frente al “vencimiento próximo” de su crédito con la entidad estatal de 200 millones de euros por las obras de la dársena exterior, una obligación de la que hasta este año ha pagado ya los intereses, 37 millones. “Las políticas de contención de gasto e inversión y los planes para materializar ingresos” también son razones en las que Puertos del Estado basa la conclusión de que el Puerto de A Coruña cuenta con esa disponibilidad para amortizar.

El mismo documento señala que puede existir “incertidumbre” por la evolución de los activos de las autoridades portuarias de A Coruña y de Gijón, de quienes recuerda los importes concedidos en sus respectivos créditos (200 y 215 millones respectivamente), y de sus “capacidades para devolver los préstamos y sus intereses”. Puertos, que confirmó que no condonará la deuda del Puerto, considera “claves” estos aspectos, tras lo cual concluye que tanto la ciudad como Gijón tienen solvencia financiera.

La interpretación que hoy hace el órgano de la situación del Puerto es distinta. Toledo insistió hace una semana en la cumbre de administraciones para tratar el futuro del tren a Langosteira, la deuda y la transformación de los muelles, que la pérdida de tráficos de carbón por el cierre de la central térmica de Meirama condicionaba la rentabilidad del acceso. Aseguró no obstante que se buscarían fondos en Europa, pero sin señalar plazos.

Decididos testigos para el proceso en Cuentas

Con comunicación telemática entre la sede del Tribunal de Cuentas en Madrid y los juzgados de A Coruña, tuvo lugar ayer la vista previa dentro del proceso para determinar si hay responsabilidad contable en la gestión de un contrato en el puerto exterior por parte del expresidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Losada, y un alto cargo de la entidad. En la vista previa, las partes plantearon cuáles serán sus testigos y las pruebas periciales que se incorporarán a la causa. Según ha podido saber este periódico, el tribunal aceptó todo lo propuesto, que incluye que decenas de responsables y exresponsables de la Autoridad Portuaria y de contratas de la obra de punta Langosteira presten testimonio cuando se marque el juicio contable, que está todavía sin fecha. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas decidió adherirse a la demanda de un particular y considera que deben ser condenados a pagar 544.000 euros más intereses por los pagos que, a juicio de la investigación realizada por el órgano fiscalizador, se podrían haber abonado de manera irregular a una contrata. En total, son unos 690.000 euros por los posibles “perjuicios ocasionados a los caudales públicos”.