Los propietarios del edificio de la avenida de Oza donde estaba el antiguo concesionario de Citroën recibieron a finales de febrero la notificación municipal para la demolición del inmueble en aplicación de la licencia concedida en el mandato anterior, que la Justicia declaró vigente. Un juzgado coruñés reconoció a comienzos de 2019 su derecho a obtener este permiso municipal y declaraba concedida la licencia para echar abajo el inmueble. La sentencia fue ratificada en julio de 2020 por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que desestimó el recurso del Concello para evitar la demolición. Ahora el Ayuntamiento, en aplicación de estos fallos judiciales, ha atendido la solicitud de los propietarios remitida en enero pasado para resolver sobre la reactivación de ese permiso. El departamento de Urbanismo condiciona el derribo a que las obras se inicien en el plazo de un mes y se ejecuten en tres, hasta finales de mayo. De lo contrario, la licencia habrá caducado.
El Concello mantuvo contactos desde mediados del año pasado con los dueños del inmueble para intentar evitar el derribo del bloque, un singular exponente de la arquitectura industrial diseñado por el arquitecto Andrés Fernández-Albalat en 1966. Los propietarios defendieron la ejecución de las sentencias, mientras que el Ayuntamiento, que no recurrió ante el Tribunal Supremo, se mostró partidario de salvar el edificio mediante alternativas legales con el fin de incluirlo en el catálogo de protección patrimonial del plan general. Esa iniciativa la había promovido Marea Atlántica en su mandato pero la formuló tarde, después de conceder la licencia de derribo, por lo que la Justicia ha dado la razón a los propietarios.
Tras esa fase de diálogo, los propietarios del edificio Citroën han apurado los tiempos y por medio de un escrito del pasado 27 de enero reclamaron que se dictase resolución para llevar a ejecución la sentencia de 2019. El Concello se ajusta al dictamen del fallo judicial y establece una serie de condiciones a las que debe estar sujeto el derribo, entre ellas los plazos de un mes para comenzar los trabajos y de tres meses para llevarlos a cabo. Como los periodos empiezan a computar desde la recepción de la notificación, a final de este mes tendrían que estar resueltos los trámites previos al inicio de la intervención, que concluiría en mayo.
Las obras deberán ejecutarse conforme al proyecto de demolición redactado por el propio Fernández-Albalat, fallecido en diciembre de 2019, y uno de sus hijos en 2012. Si no arrancasen o acabasen en los plazos marcados por el Concello, o fuesen paralizadas sin justificación, se podrá declarar la caducidad de la licencia.
El antiguo concesionario de Citroën figuraba en la versión inicial del catálogo de elementos protegidos del plan general hasta que en 2012 el Gobierno local del PP lo retiró tras recibir una alegación de los propietarios. Un mes después, y en contra de la opinión del equipo redactor del PGOM, el Ejecutivo popular concedió la primera licencia de demolición.
Caducó en 2016, en el mandato de Marea, ya que los dueños tenían un plazo para completar el derribo que no llevaron a cabo. Una semana después de que la autorización expirase solicitaron otra y el anterior Gobierno local les concedió una nueva licencia. El Concello inició en ese momento gestiones para preservar el inmueble a través de la ampliación del catálogo del plan general. Ese intento del Gobierno de Marea de anular su propia decisión no sirvió para proteger el edificio porque comenzó a tramitarse después de la concesión del permiso. “El Concello parece pretender protegerlo y demolerlo simultáneamente”, señalaba la jueza en la sentencia de 2019.
La notificación de los plazos para la ejecución de la licencia de demolición del edificio a petición de los propietarios llega dos meses después de que finalizase el plazo de dos años en el que se paralizaron los permisos para impedir que los dueños de los inmuebles realizasen obras en ellos, como estipula el proceso para incluirlos en el Catálogo de Edificios Protegidos. Paralelamente al conflicto judicial, el Concello sigue tramitando la protección del edificio.
Avance en los pisos de alquiler social de Pontejos
El pleno municipal aprobó ayer por unanimidad tres trámites urbanísticos que implican importantes avances para otros tantos proyectos. El primero de ellos es el estudio de detalle del edificio de propiedad municipal situado en la esquina de Marqués de Pontejos con San Nicolás en el que se crearán cinco viviendas de alquiler social. La iniciativa fue puesta en marcha por el Gobierno local de Marea Atlántica y el actual tramitó el estudio de detalle para reajustar la alineación de la medianera y ordenar la fachada. Marea, BNG y la no adscrita Isabel Faraldo reclamaron más viviendas públicas, mientras que el PP alabó la política de la Xunta en este campo. El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, manifestó que quiere “trabajar a fondo” en relación con el alquiler público. También hubo unanimidad para aprobar el cambio de uso de la parcela municipal de Eirís en la que la Xunta construirá el nuevo edificio para el Instituto de Investigación Biomédica, aunque Marea, BNG y Faraldo expresaron sus reservas al convenio entre Concello y Xunta para la ampliación del Hospital Universitario. La aprobación provisional del cambio del plan general en A Sardiñeira para abrir un nuevo acceso a la estación intermodal también fue unánime, pero Marea y PP reprocharon a los socialistas la demora en la licitación de la nueva terminal ferroviaria por Adif, anunciada para el primer semestre de 2020. Villoslada respondió que el organismo estatal está integrando su proyecto con el de la estación de autobuses.
