La empresaria coruñesa G. N. S., detenida en Zamora en el marco de la operación Rampa, quedó ayer en libertad y a la espera de que el próximo lunes se dicten medidas cautelares contra ella tras declarar ante la jueza que investiga el caso que el jefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento, Alberto Vega, le adjudicó de forma directa quince contratos de entre 3.000 y 5.000 euros, por cada uno de los cuales cobró 500 euros. El jefe de Jardines recibía al parecer también una cantidad que la acusada, que reconoció todos los hechos para eludir la prisión, no precisó. El funcionario sería el encargado de llamar directamente a la mujer para anunciarle la adjudicación de las obras.

La investigación determina que el perjuicio ocasionado a las arcas públicas superaría los 80.000 euros, si bien, el mismo podría multiplicarse “exponencialmente”, según la Policía. Hasta el momento se sospecha de la existencia de un entramado empresarial ubicado en A Coruña cuyas sociedades eran administradas por una única persona y a las que se le adjudicaron múltiples contratos de servicio de realización de obras y de entrega de suministros que, presuntamente, en unos casos no se han llevado a cabo pero sí han sido remunerados y en otros casos se han realizado sin contratar el personal previsto o con materiales que ya habían sido adquiridos en otros contratos.

Vega contrataría obras menores con tres empresas de la emprendedora coruñesa y se repartiría comisiones, “mordidas”, con la responsable de la misma, según admitió la mujer, detenida en la operación emprendida por el Juzgado de Zamora para investigar al jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de esa ciudad por malversación de caudales públicos.

La jueza dejó además en libertad y con cargos a Vega, también pendiente de que se determinen medidas cautelares, ya que está acusado de malversación de caudales públicos, falsedad documental, contrataciones irregulares y blanqueo de dinero, entre otros delitos. Ante las pruebas puestas sobre la mesa por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía y por la policía judicial de Zamora, el jefe de Parques y Jardines rehusó prestar declaración asesorado por su letrado y se limitó a contestar solo a sus preguntas para indicar que no tiene intención de fugarse del país.

La Fiscalía no pidió el ingreso en prisión del acusado, aunque sí que se le retire el pasaporte y se le obligue a comparecer los días uno y quince de cada mes y la fianza que estime la juez. Mientras, el Ayuntamiento de Zamora exigía prisión y embargo de bienes por valor de 60.000 euros, además de la suspensión de empleo y sueldo como funcionario público por la gravedad de los delitos que se le imputan.

Según las primeras investigaciones, todo ello habría podido suponer un considerable incremento patrimonial no solo de las empresas investigadas, sino de los propios imputados, quienes en los últimos años habrían adquirido algunos vehículos de alta gama, los cuales fueron intervenidos durante la operación.

Alguna de las empresas adjudicatarias habría hecho entrega de dádivas o retribuciones de alto coste para su utilización con fines particulares, todo ello en el ámbito de las relaciones estrictamente contractuales con la Corporación municipal.

Las investigaciones comenzaron hace un año por parte de la Fiscalía Provincial a raíz de la apertura en noviembre de 2019 de un expediente sancionador contra Alberto Vega por parte del Ayuntamiento de Zamora. El Ministerio Público encargó entonces a la policía judicial que indagase las graves acusaciones contra el funcionario que figuraban en el informe.